Una niña de 12 años, que había expresado su voluntad de interrumpir un embarazo provocado por los abusos de su padre, fue puesta bajo el sistema de protección del Estado luego de que un grupo «provida» la secuestrara durante el fin de semana.
La nena es oriunda de la localidad de Garibaldi situada a 122 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Debía ser sometida a la interrupción del embarazo el lunes pasado, pero no se presentó al hospital. El motivo fue que durante el fin de semana la llevaron a una casa de la Asociación Civil Grávida, de donde fue rescatada este martes.
Ahora, la niña se encuentra internada junto a su madre en un hospital público de Santa Fe. Según informó la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Patricia Chialvo, las autoridades aguardarán a que «se tranquilice» para tomar una decisión.
Según voceros del Ministerio de Salud, la niña transita el segundo trimestre del embarazo y estaría a tiempo de ser sometida a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La niña fue llevada por su madre a un control médico el 19 de diciembre, en el cual se comprobó que estaba embarazada. Allí, ambas, manifestaron la intención interrumpir la gestación y firmaron un consentimiento.
Las autoridades sanitarias fijaron la fecha para el lunes pasado, pero madre e hija no concurrieron a la cita porque durante el fin de semana fueron contactadas por la asociación Grávida, cuyos integrantes la llevaron a una casa de Santa Fe.
Sin noticias del paradero de ambas, la Justicia de Santa Fe activó la búsqueda y el martes rescató con la fuerza pública a la niña para llevarla a un hospital.
La situación del abusador
Paralelamente, la fiscal Alejandra Del Río Ayala ordenó la detención del padre de la niña, identificado con las iniciales G.M.A., de 42 años, quien fue apresado en la ciudad de Recreo y será imputado por el delito de abuso sexual agravado.
Ahora, profesionales de la Secretaría de Niñez y de los ministerios de Salud y de Desarrollo Social analizan los pasos a seguir para garantizar el derecho de la niña de acceder al procedimiento que establece la ley 27.610, de interrumpir el embarazo en el caso de que así lo decida.
Por otra parte, Chialvo dijo que «se está evaluando» si el Estado accionará contra la asociación Grávida, ya que la prioridad era rescatar a la niña, para lo cual se dictó una medida de protección excepcional.
«Los tiempos previstos para darle continuidad a lo acordado (la interrupción) se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado», indicó un comunicado de la Secretaría de Niñez.