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                        <title>Las dos CTA participarán de la marcha federal antifascista del sábado</title>
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                        <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:41:29 +0000</pubDate>
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El Secretario General de la CTA de los Trabajadores y Diputado NacionalHugo Yaskycriticó duramente al presidenteMileitras sus declaraciones enDavosy confirmó ambas centrales obreras estarán presentes en la marcha federal antifascista que se llevará a cabo el próximo sábado.
«Creo que es saludable la respuesta que le está dando la sociedad a los dichos del presidente. Esto habla bien de nuestro pueblo.Milei intenta construir todos los días un nuevo enemigo interno y se está cavando su propia fosa«, señaló Yasky en declaraciones radiales.
A su vez, el diputado del Frente de Todos confirmó que «las dos CTA mañana están coordinando la convocatoria para la marcha» y que «el peronismo debería pronunciarse».
«Nadie puede quedar afuera de la convocatoria, nadie puede hacer silencio.En otro país las declaraciones de Milei justificarían un juicio político. Hay sectores del peronismo que han estado en la calle y sería muy importante que todo el espectro político se manifieste ante esta situación, inclusive los que le dieron el voto», afirmó.
Yasky también remarcó necesario construir «un escenario de unidad»: «Hay que reconstituir un tejido multipartidario con un frente amplio de distintos sectores sociales y tener la capacidad de entender cuáles son los puntos de la agenda que son de interés para la gente y cuáles los que no importan».
Por último, le habló a los jóvenes que generaron un cambio de paradigma en los últimos años, otorgándole el voto a Javier Milei.
«Es verdad que hubo sectores de la juventud que lo votaron, peroestoy convencido que esos jóvenes no apoyan vincular la homosexualidad a la pedofilia y negar los femicidios«, cerró.
La marcha
Para este sábado, y luego de la asamblea extraordinaria que se realizó el fin de semana en Parque Lezama, se espera una multitudinaria movilización «antifascista» que partirá desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo.
La marcha está convocada para las 16 por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo y otras organizaciones del colectivo LGTBIQ+, pero también estarán presentes partidos políticos, grupos feministas y defensores de Derechos Humanos.
Por su parte, la Federación Argentina de LGTB+ pidió que todas agrupaciones del colectivo «se expresen sobre las amenazas y la violencia del presidente (Javier) Milei en Davos y sus redes sociales», mientras que la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) aseguró que «la vida está en riesgo» y que no van «al closet nunca más».
«Llamado a la unidad y la acción. Hace pocos días, en el encuentro internacional de Davos, el Presidente anunció que iniciará la eliminación de nuestros derechos. Es tiempo de unirnos y salir a las calles con Orgullo para defendernos en Comunidad», publicó la CHA en sus redes oficiales.En la misma línea, referentes políticos también se pronunciaron a favor de la convocatoria y en contra del discurso de Milei.
Myriam Bregman, del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS), señaló «el sábado hay que estar en la calle» porque no se puede permitir «que la discriminación sea política de Estado».Por su parte Esteban Paulón, diputado nacional por Hacemos Coalición, sostuvo que el Gobierno los quiere llevar «al siglo pasado con discursos de odio y leyes reaccionarias» y que «la libertad es ser quien uno es, amar a quien cada quien desea amar» y poder «expresarlo libremente».
«Le decimos (a Milei) que su Gobierno ha profundizado la vulnerabilidad de mujeres y LGBTIQ+ con la eliminación de políticas públicas y sus discursos de odio. Milei niega la violencia que nos mata diariamente y pretende borrar los avances que logramos los feminismos y la sociedad toda en materia legislativa para visibilizar y sancionar el machismo extremo.Violentar las leyes y la Constitución es delito», concluyeron.]]></content:encoded>
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                        <title>Feminización de la pobreza: cómo impactan en las mujeres la falta de trabajo y la caída del consumo</title>
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                        <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:40:13 +0000</pubDate>
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Los resultados de los primeros meses de gestión de Javier Milei son contundentes y la dirección es clara: mayor concentración del ingreso para los que más tienen, más de la mitad del país en niveles de pobreza y duplicación de la indigencia. Hay una caída en todos los indicadores que conforman al mercado interno mientras que los únicos sectores que muestran números positivos son aquellos dedicados a explotar nuestros recursos naturales y llevarlos al resto del mundo con poco empleo en el país.
Es lo contrario de lo que el sentido común esperaría como solución para salir de una crisis económica atravesada por un poder adquisitivo en deterioro, como la que veníamos atravesando, pero que mantenía niveles de actividad y empleo. Lejos de mejorar el escenario ahora debemos sumar a la licuación constante de los ingresos la falta de trabajo y un horizonte de una economía que genera aún menos puestos de trabajo, donde se consume menos, se produce menos, se recauda menos impuestos y por ende se necesita un mayor ajuste en las cuentas públicas para pagar los salarios docentes, médicos y las jubilaciones. Un círculo vicioso que redunda en una economía para pocos donde la plata alcanza cada vez menos.
Con los datos públicos vemos la caída del 5,1% en la actividad económica en el primer trimestre del año, superando las proyecciones más pesimistas. Tanto el consumo, como la inversión y las importaciones están en franca caída mientras que el único número positivo se encuentra en las exportaciones. En un país donde más del 70% de los puestos de trabajo los producen las pequeñas y medianas empresas que se orientan al mercado interno no deja de preocupar el horizonte que traza la actual política económica de reorientar todos los esfuerzos hacia la venta al mercado externo. Los resultados están a la vista en el aumento del desempleo y los anuncios de empresas que cierran o se van del país ante un panorama depresivo de actividad económica y una recuperación que no llega.
En el siguiente gráfico se evidencia el resultado en los bolsillos de la población de la gestión actual: los estratos altos, es decir el 20% de la población más rica, concentró 3 puntos porcentuales más que el año pasado. Es el único estrato que aumentó sus ingresos relativos y lo hizo a costa de la reducción en los estratos medios (40% de la población) que perdieron 1,7 puntos porcentuales y los estratos bajos que perdieron 1,3 puntos porcentuales. Queda clara entonces la dirección de este gobierno: en el primer trimestre del año, con inflaciones de dos dígitos y derrumbe en el consumo y la actividad, el estrato alto aumentó su concentración del ingreso a costa de lo que perdieron los grupos medios y bajos.
De esta manera, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el primer trimestre del año, la distribución del ingreso empeoró profundamente, llevándonos a los niveles de desigualdad de 2008 cuando la economía venía mejorando a partir del estallido del 2001.
El escenario es tan deplorable que incluso supera el momento más crítico de la pandemia en el segundo trimestre de 2020. Este crecimiento en la desigualdad entre los que más ganan y las que menos ganan muestra que un hogar rico gana 15 veces lo que gana un hogar pobre. Así se configura una redistribución del ingreso en el gobierno de Javier Milei, pero a contramano de una sociedad más igualitaria, generando una redistribución del ingreso en favor de los sectores más ricos de la sociedad.
Esta cruda realidad debemos leerla en términos de género ya que, como hemos dicho en incontables oportunidades y como demuestran los datos públicos de manera estructural, en nuestro país la pobreza se encuentra feminizada mientras que la riqueza se encuentra, principalmente, en mano de varones. No quiere decir que todas las mujeres son pobres y menos aún que todos los varones son ricos, sino que hay una mayor presencia femenina en la pobreza y una mayor presencia masculina en la riqueza (gran ejemplo de esto es que tres de cuatro personas incluidas en el Aporte a las Grandes Fortunas fueron varones).

Lejos de un Estado que no interviene, la intervención de esta gestión es favorecer y enriquecer a los más ricos y concentrados a costa de empobrecer a los sectores populares donde las mujeres son mayoría, en los hogares monomarentales, en las inscriptas en el ex Potenciar Trabajo y en los sectores más atacados por este gobierno, que no satisfecho con licuar las prestaciones avanza también con la persecución judicial a las organizaciones sociales que intentan con muchos esfuerzos responder ante tanta necesidad mientras el ministerio de Capital Humano no compra alimentos ni reparte los comprados por la gestión anterior.
No satisfechos con la redistribución del ingreso, los mercados financieros piden una nueva devaluación mientras los sectores que ganamos y vivimos en pesos limitamos cada vez más nuestro poder de compra mientras el desempleo nos respira en la nuca.
La distopía avanza y nos está llevando puestas. «
La nota es parte de la alianza entre Tiempo Argentino y Ecofeminita, una organización aliada que trabaja para visibilizar la desigualdad de género a través de la elaboración de contenidos claros y de calidad.]]></content:encoded>
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                        <title>La Oficina de Violencia Doméstica atendió a 17.603 personas en 2023</title>
                        <link>https://apuestarsmax.com/community/main-forum/la-oficina-de-violencia-domestica-atendio-a-17-603-personas-en-2023-41/#post-92069</link>
                        <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:38:57 +0000</pubDate>
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Los equipos interdisciplinarios de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibieron 9.999 presentaciones por hechos de violencia doméstica. Entre las personas afectadas, 73% son mujeres y niñas y 27% varones y niños.
Las mujeres afectadas superaron en número y proporción a los varones en casi todos los grupos de edad, excepto en los de 0 a 5 y de 6 a 10 años, donde los niños afectados fueron más que las niñas.
El grupo más afectado es el de mujeres adultas de entre 18 y 59 años (47%). Las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años representan el 38% de las personas afectadas y las personas mayores el 8%. Además, hubo 26 personas afectadas de otros géneros (mujer trans/travesti, varón trans y otros).
Los varones adultos fueron el 7% de las personas afectadas. Del total de varones afectados (3.949), 66% son niños y adolescentes de 0 a 17 años (2.588).
Entre las personas afectadas jóvenes y adultas, 36% no completó el nivel secundario y 25% lo concluyó. El 19% cursa o cursó estudios superiores y 20% tiene un título superior (terciario o universitario). Entre las afectadas mayores, 46% no finalizó el nivel secundario, 24% completó ese nivel, 8% cursa o cursó estudios superiores, pero no los completó, y 21% posee un título superior (terciario o universitario). Un 1% no posee instrucción formal.
Al menos 16% de las personas afectadas que concurrieron personalmente a denunciar reside en barrios populares y 23% en hogares con hacinamiento crítico o moderado.
Un total de 813 personas afectadas manifestaron tener algún tipo de discapacidad (6%). Entre ellas, 51% son mujeres adultas; 33% niñas, niños y adolescentes, y 16% varones adultos. En cuanto a los tipos de discapacidad, 330 era de tipo mental, 288 de tipo física, 123 sensorial y 170 intelectual.
El total de personas denunciadas fue de 10.844. De esa cifra, 73% es de sexo masculino y 27%, femenino. El grupo con más personas denunciadas es el de varones de entre 22 y 49 años (57%).
El 44% de las personas denunciadas no completó el nivel secundario y 20% cursó estudios o tiene un título superior (universitario o terciario). En cuanto a la nacionalidad, 78% son argentinas.
De las presentaciones surge que 974 personas denunciadas tenían armas (9%) y que 211 pertenecían a fuerzas de seguridad (2%).
El vínculo de pareja (43%) es el más usual entre las personas afectadas y las denunciadas, seguido por el de tipo filial (38%). Dentro del vínculo de pareja, se trata mayoritariamente de exparejas (70%), parejas convivientes y/o cónyuges (27%) y novios/as (3%).
Del informe de la OVD surge que 8 de cada 10 niñas, niños y adolescentes afectados tienen un vínculo filial con las personas denunciadas: 68% son sus padres y 32% sus madres.
La violencia psicológica estuvo presente en el 97% de las evaluaciones de riesgo de las personas afectadas; la simbólica en el 47%; la física en el 45%; la de tipo ambiental en el 31%; la económica y patrimonial en el 29%; la social en el 12%, y la sexual en el 8%.
También se registraron 239 casos de violencia digital contra mujeres.
En materia de lesiones, 2.215 personas fueron revisadas por profesionales del Servicio Médico de la OVD. Se constataron lesiones en el 85% de ellas, incluyendo a 119 niñas, niños y adolescentes y 126 personas mayores.
De cada 10 personas afectadas, 6 son víctimas de violencia con frecuencia diaria o semanal. Además, en 1.062 casos (11%) se relataron hechos en los que había presencia de armas blancas o de fuego.
El 35% de las personas afectadas que denunciaron a sus parejas o exparejas manifestaron haber vivido situaciones de violencia en parejas anteriores.
Los niveles de riesgo evaluados por los equipos interdisciplinarios de la OVD fueron altísimo y alto en el 31% de los casos; medio y moderado, en el 58%, y bajo, en el 11%.
En ese marco, la OVD gestionó la entrega de 1.125 botones antipánico, mientras que 27 mujeres fueron derivadas a refugio por la OVD. En total, la Justicia Nacional en lo Civil ordenó, al menos, 34.396 medidas preventivas urgentes en los casos derivados por la Oficina de Violencia Doméstica.
El informe expresa que se dieron respuestas a 7.604 consultas informativas. En total atendieron presencialmente a 17.603 personas.]]></content:encoded>
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                        <title>Cupo trans, ¿qué pasa en estas elecciones?</title>
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                        <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:37:37 +0000</pubDate>
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El próximo domingo 14 de noviembre serán las elecciones generales para cargos legislativos a nivel nacional, y desde Grow las analizamos desde una perspectiva de género ¿Cómo está compuesto hoy el Congreso? ¿Qué lugar ocupan las mujeres en las próximas elecciones? ¿Y las personas de la comunidad LGBTIQ+? ¿Podemos seguir pensando en términos binarios nuestro sistema político?
Actualmente, en la cámara de diputados hay un 59% de varones y 41% de mujeres; y en el senado los varones ocupan el 60% de las bancas, y las mujeres el 40% ¿Cómo termina sucediendo esto, si Argentina cuenta con una ley que desde 2017 garantiza la paridad entre varones y mujeres en los cargos legislativos? Sucede por el fenómeno “cabeza de lista”: si en general son los varones quienes encabezan las distintas listas, proporcionalmente serán ellos quienes obtengan más bancas.
Y las próximas elecciones no son la excepción. Del total de listas que se presentan para la cámara de diputados a nivel nacional, el 64% está encabezada por varones y el 36% por mujeres; mientras que para el senado, el 66% de las listas las encabezan varones, y el 34% mujeres. Habrá que ver cuáles son las ganadoras en cada caso para ver efectivamente la distribución, pero esta disparidad da una pauta de que siguen siendo los varones quienes ocupan los principales lugares.
Ahora bien, seguimos hablando en términos binarios, y de varones y mujeres cis género, en un país que en los últimos años ha avanzado mucho en las conquistas de derechos de la comunidad LGBTIQ+ ¿Qué lugar tienen mujeres y varones trans en el sistema político argentino? ¿Qué sucede con las identidades no binarias?
En las elecciones PASO del 12 de septiembre había 5 candidatas trans a diputadas nacionales, y un candidato trans a senador suplente. De todas esas candidaturas, solo una candidata a diputada por la Provincia de Buenos Aires competirá en noviembre. Pero difícilmente logre entrar en la cámara: está en el puesto 21, cuando hay 35 bancas en juego. Por su parte, el candidato a senador por Córdoba también competirá, pero como suplente.
El 2021 fue un año en el que se promulgaron leyes importantes para promover la igualdad de oportunidades de la población trans. La ley de cupo laboral travesti trans insta a los organismos del Estado a contar con un 1% de personas trans; mientras que la ley de equidad en los medios públicos promueve su incorporación en estos espacios. En este contexto, quizás sea momento de diseñar los mecanismos necesarios para que la voz de mujeres y varones trans estén representadas también en el Congreso nacional, así como en los otros poderes del Estado.
Por otro lado, desde julio de este año, Argentina cuenta con DNI no binario: cualquier persona mayor de edad que no se identifique con el género masculino ni con el femenino, tiene derecho a contar con un DNI que así lo establezca. Ante esta conquista, cabe preguntarse, ¿cómo se adapta la ley de paridad -que plantea un armado de listas con mitad varones y mitad mujeres- a este avance de derechos? Habrá que hacer las reformas necesarias para dejar de pensar en términos binarios, sin abandonar las políticas progresivas ya vigentes.
El desafío hoy radica en avanzar en la democratización de nuestro sistema político. Ir un poco más allá de lo conquistado con la ley de paridad, para lograr una real distribución, que contenga las voces de todas las identidades.]]></content:encoded>
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                        <title>La asamblea Abya Yala reclamó por las mujeres mapuche</title>
                        <link>https://apuestarsmax.com/community/main-forum/la-asamblea-abya-yala-reclamo-por-las-mujeres-mapuche-54/#post-92067</link>
                        <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:36:23 +0000</pubDate>
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El domingo se realizó la segunda jornada del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y no binaries que se está desarrollando en San Luis. En las primeras horas de la mañana, se retomaron los debates en los 105 talleres cuyas conclusiones finales terminan construyen el documento final del Encuentro que se leerá el lunes durante el cierre.
La plaza Pringles fue el epicentro de las actividades características del Encuentro y también la feria que se realiza cada año. Allí, en la mañana, Miriam Villalba tía de Lichita, la niña desaparecida en Paraguay, encabezó el acto de pedido por la libertad de Carmen y Laura Villalba, y la aparición con vida de Lichita.Lichita desapareció en 2020 mientras escapaba del hostigamiento de las fuerzas armadas de Paraguay cuando intentaba regresar a la Argentina. Carmen y Laura quedaron detenidas cuando buscaban justicia por este hecho y por el fusilamiento de nos niñas.
«Hace dos años intentamos ingresar en esa causa para que la investigación avance, pero no nos dejan», denunció la mujer. «No personas detenidas ni demoradas», dijo Laura Villalba.
Las mujeres indígenas
En ese mismo escenario, dos horas después, mujeres indígenas de diversas naciones originarias realizaron la ceremonia de inauguración de la Asamblea Abya Yala. «Se cuidan se cuidan los machistas, América latina va a ser toda feminista», arrancó la ya tradicional ceremonia que nació en 2008, en el Encuentro de Neuquén. Allí se adelantaron algunas de las consignas que las mujeres plantearán para el documento final.
«El genocidio al pueblo mapuche continúa. El 35 Encuentro pedirá la libertad de las mujeres detenidas, y abrazamos a todas y todos quienes están prófugos porque en sus tierras corren peligro. Este carácter Plurinacional es una respuesta a esos gobiernos», expresó el comunicado leído por la periodista Liliana Daunes.
Desde el escenario, en un punto central de la plaza Pringles, las mujeres indígenas convocaron para la emotiva ceremonia de agradecimiento al sol, al viento, al agua y a la luna y pidieron la bendición para esta nueva edición del encuentro.
«Hacemos nuestro trabajo, en un acto feminista, pactamos nuestro feminismo. Somos antiimperialistas, antirracistas y antipatriarcales. Bienvenidas a nuestra asamblea feminista», dijo la guatemalteca Lolita Chávez, quien presidió la ceremonia.
Las consignas de la asamblea
Entre las consignas se escuchó el pedido de libertad a Laura y Carmen Villalba y aparición con vida de Lichita, «vivas las llevaron, vivas las queremos», reclamaron las mujeres. También pidieron «justicia para las niñas de Guatemala, justicia por las niñas de Paraguay y de toda las tierras de abya yala».
Al pedido se sumó el de aparición con vida de Tehuel, aparición con vida de Guadalupe, libertad a María Ovando y libertad a todas las presas por la justicia machistas. También se repudió el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández y exigieron@ la libertad a Milagro Sala y a las presas políticas.
Después del mediodía, la plaza Independencia fue el lugar de convocatoria para la gran asamblea de trabajadoras de prensa organizada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren). Entre los pedidos estuvo la reglamentación por la ley de equidad de medios. También destacaron la importancia de mantenerse organizadas en un contexto de precarización cada vez más profundo en los medios de comunicación.]]></content:encoded>
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                        <title>Marta Montero: “Espero que esta vez el crimen de Lucía se juzgue como corresponde”</title>
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                        <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:35:09 +0000</pubDate>
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“Es lo que nos toca y es lo que tenemos que hacer”, dice Marta Montero a Tiempo Argentino desde Mar del Plata, donde el martes 7 de febrero comenzará un nuevo juicio por el crimen de su hija, Lucía Pérez, asesinada el 8 de octubre de 2016. “Hay que empezar todo de nuevo. No es fácil”, agrega.
Lucía Pérez tenía 16 años cuando fue asesinada. Su crimen impulsó el primer paro de mujeres en la Argentina cuya manifestación fue multitudinaria. Sin embargo, dos años después, en noviembre de 2018, los jueces Esteban Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale, del Tribunal Oral en lo Criminal 1, absolvieron a Matías Farías, Alejandro Maciel y Juan Pablo Offidani, los femicidas de Lucía que hoy cumplen una condena de ocho años de prisión por vender estupefacientes.
Tanto la fiscalía como la querella apelaron el fallo y en agosto de 2020 el Tribunal de Casación bonaerense revocó ambas absoluciones, dispuso la nulidad del primer juicio y ordenó la realización de uno nuevo. La resolución la confirmó la Corte en 2021 y en mayo de 2022 se definieron los detalles para este nuevo proceso donde tanto Farías como Offidani están imputados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte, en concurso ideal por femicidio”.
Para llegar hasta este segundo juicio, la familia de Lucía tuvo una lucha larga, extenuante y desesperante.
–Comienza un nuevo juicio por el asesinato de Lucía, ¿cómo llegás como mamá?
–Es dificilísimo. Cualquiera de las madres que hemos transitado por todo esto, sabemos que ninguna escapamos a nada: el dolor que se sufre, el dolor que se tiene. Desde la muerte de tu hija hasta implorar justicia y trabajar para que esa justicia funcione, es poco menos que terminar en la locura. Creo que las mujeres sabemos cómo hacer las cosas, y sabemos cómo trabajar para que esto no nos demuela, y algunas sobreviven y otras quedamos en el camino. Nos pasan enfermedades, nos pasa la vida de nuestros hijos, de nuestras parejas, nos pasa todo porque tampoco nos importa nada del resto. No lo miramos porque es más importante ese dolor de no tener ni justicia. Entonces se van perdiendo cosas en el camino que nunca más recuperarás. O sea, aparte de perder tu hija, perdés familia, perdés amigos, perdés pareja, perdés la vida… Tu vida quedó caducada el día que te mataron a tu hija.
–Y la justicia ¿puede ser un consuelo?
–Sí. Porque te matan una hija o un hijo y vos sos una sobreviviente a lo que te queda de vida. Si vos me dijeras, bueno, tengo justicia como corresponde, no me tengo que ocupar de nada sólo de ir a las audiencias, pero no. Ese es el poder judicial y toda la mafia que hay alrededor. Es terrible. Es una película de terror la que vimos las madres que nos matan a nuestros hijos.
–¿Qué marcó el crimen de Lucía en Mar del Plata?
–No sé si cambió a la sociedad, pero a la Justicia sí la cambió, estoy segura. En la sociedad hay gente que le interesa y hay gente que no. A veces la gente cree que, porque caminamos, porque salimos en los medios, porque hablamos estamos bien. No es así. Salimos porque no nos queda otra. No todo el mundo se solidariza con la pérdida de un hijo. No sé si la sociedad toma conciencia de lo que es, de lo que pasa y de lo que significa que te maten un hijo.
–¿Se habla de otra manera de la violencia contra las mujeres en los últimos años?
–Se debate mucho. También hay muchos programas de ayuda, pero no alcanzan. Todavía nos falta muchísimo como sociedad. Hay un machismo arraigado y horrible que sigue existiendo y hay que abordarlo culturalmente. Cuando la mujer va a hacer la denuncia es tarde. Hay que trabajarlo antes para que esa denuncia ni exista. Cuando la mujer denuncia ya atravesó todo el camino, ya lo padeció o si no la mataron. Y ese tipo si no la mató a ella, matará a otra. Porque el tipo violento y golpeador no cambia. Y no hay edades, por eso lo hablamos de lo cultural.
–¿Qué pasa con el rol del Estado?
–Es que llega tarde. Llega a un acompañamiento. Tenemos que buscar desde abajo el problema. En el mes que llevamos ya son 27 mujeres muertas y acá no hay ministerio que valga. Tiene que haber muchos más estamentos para que todos se pongan a trabajar y se forme una mejor sociedad. También la justicia debe funcionar, las condenas deben funcionar, vos mataste a una mujer y vas de por vida a la cárcel. Pero no pasa eso nunca, tenés que andar mendigando que se cumplan las condenas, entonces dónde está la Justicia. El Estado tiene que controlar a ese poder judicial que hace lo que se le da la gana.
–En marzo, a días de que termine este juicio, se los jueces que absolvieron a los femicidas de Lucía enfrentarán un jury de enjuiciamiento, ¿cómo lo lograron?
&#8211;Trabajamos cuatro años con este jury, fue un logro de la familia, pero también de todos los que estuvieron y nos acompañaron. Fue un gran logro social que nosotros y la gente que menos tiene, que menos puede, que se la vulneró podamos tener dos jueces apartados por un femicidio que no quisieron ver como tal. Y por una manera espantosa en la que ningunearon lo que le hicieron a Lucía, para dejarlos libres a esos tipos. Creo que debemos sentirnos orgullosas de llegar a este lugar y en este momento en que estamos. Esa audiencia será de presentación de pruebas y ahí se verá si son inocentes o culpables. Yo pido que se los eche. No hay otra manera de conjugar este verbo. Los jueces no pueden jugar con las personas como si fuésemos gente que tuviésemos menor valor. Esto es un gran logro de todas las que luchamos.
–¿Qué esperás de este proceso?
–Que se juzgue como corresponde, con perspectiva de género, como el femicidio que fue. Y que sea visto por lo que le hicieron y de la manera que mataron a Lucía que era una criatura. Lo único que pido es que se haga justicia para ella, como debe ser, con las reglas del derecho que le corresponde. Nada más que eso pido. «]]></content:encoded>
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                        <title>¿Qué significa ser activista LGBT+ en América Latina?</title>
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                        <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:33:53 +0000</pubDate>
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Desde Honduras, Guatemala, El Salvador, Paraguay y Argentina, defensorxs de derechos humanos y activistas hablaron con Presentes sobre la importancia de luchar para conseguir derechos, además de cómo conjugan su vida cotidiana con las situaciones de exposición y riesgo que afrontan.
Yren Rotella es una activista trans paraguaya de 40 años. Nació en Asunción, al interior de una familia campesina y humilde, y actualmente vive a 30 kilómetros de allí, en la ciudad de Julián Augusto Saldívar. Hace 24 años milita y activa por los derechos humanos (más de la mitad de su vida), además de dedicarse a coordinar proyectos sociales, al trabajo sexual y también a la venta de productos varios para subsistir.
“Para mi ser activista es una de las decisiones más grande que tomé en mi vida: me cambió y me salvó la vida. Ser activista es poner el cuerpo y el rostro con coraje en un mundo machista y violento. Es un acto de valentía y orgullo”, dice Rotella a Presentes.
Actualmente impulsa Casa Diversa, un centro comunitario para la diversidad sexual que otorga abrigo, asistencia y apoyo a víctimas de violencia, discriminación y violación de derechos humanos. “Nuestras actividades se basan en el empoderamiento a través del arte y la educación como herramientas transformadoras”, describe sobre esta labor.
Además, considera que “vivir como activista es tener la oportunidad de desconstruirse y construirse” y para ello “es muy importante convivir en un círculo afectivo que ayude a sobrellevar la lucha porque en el camino existen momentos difíciles y con muchos riesgos”.
“Gracias al activismo logré tener una familia”
Sobre esto último habló también Ivanna Aguilera, activista trans oriunda de la provincia de Santa Fe, en Argentina, y sobreviviente de las detenciones que vivió durante la última dictadura en el Batallón de Comunicaciones de Comando 121.
“A través del activismo logré tener una familia que el sistema me había negado: la de los compañeros, las compañeras y compañeres que siempre estamos interactuando, trabajando en conjunto, armando redes. El activismo es juntarnos en la casa de una compañera y compartir una olla de comida, ir a ver a las compañeras cuando están enfermas, acompañarnos en las buenas y en las malas”, dice.
Aguilera tiene 63 años, actualmente vive en Córdoba y, además de estar al frente del área Trans, Travesti y No binarie en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, también forma parte de Flores Diversas, una organización que acompaña a mujeres trans y travestis en estado crítico de salud.
Sobre el inicio de su lucha, cuenta: “Me di cuenta de que tenía que activar y empezar a reclamar en el año ‘90 cuando acá, en Córdoba, sufrimos una razia masiva en un boliche donde fuimos detenidos/as/es todos los concurrentes incluyendo a los dueños. En esa detención quedamos sólo las trans y travestis y nadie nos quería defender. Ahí con otras compañeras pensamos que teníamos que ser nosotras, para nosotras y por nosotras las que hiciéramos algo porque ni siquiera éramos parias, éramos la nada misma para la sociedad”. Ese año, Aguilera junto a otrxs activistas fundaron la primera organización de diversidad en Córdoba, llamada Asociación Contra la Discriminación Homosexual (ACODHO).
“Empecé a conocer qué era la dignidad”
Seydi Irias (36), activista lesbiana e ingeniera informática de Honduras, conoció el activismo gracias a la organización en la que participa hace cinco años: Cattrachas. “Me reconocí lesbiana hace mucho, tuve mis propios procesos de deconstrucción pero fue cuando encontré a mi colectiva que empecé a tener el conocimiento de lo que era la dignidad, cosas que ni siquiera tenía acceso a saber como lo que es la heteronorma, la homofobia, que uno las vive pero no entiende o no quiere cuestionarlas”, afirma.
“En mi país -continúa- a las personas LGTBI no las dejan donar sangre, no existe matrimonio igualitario, no tenemos derecho a la adopción.De todas estas faltas de derechos civiles se parte para la lucha que hacemos en grupo. Mi activismo nació en Cattrachas sabiendo que no estaba sola, que era una lesbiana y que no me sentía cobarde por serlo sino digna de mi orientación sexual y de haber nacido mujer”.
“Ponemos el cuerpo, la sexualidad y la identidad todo el tiempo”
Por su parte, Daniel Villatoro, activista LGBTI y director de la organización Visibles de Guatemala, cuenta que para él ser activista es “todo un reto”. “Yo empecé como periodista, pero al investigar sobre estos temas y al aceptarme más a mí mismo me di cuenta que más que contar cosas, en mi país necesitábamos cambios. Para mí fue todo un reto salir de esa ética periodística de no intervenir en el reporteo a estar incidiendo más activamente y tomar un liderazgo específico LGBT”, narra.
Tanto las redes comunitarias como la salud mental son temas prioritarios en la agenda de Visibles. Así, realizan un programa en la Escuela de Psicología de la Universidad Pública sobre cómo no patologizar a las identidades LGBT, en el que han participado 800 estudiantes desde que tuvo inicio hace tres años. Además, desarrollan un taller interno llamado Guía de Bienestar Queer.
Daniel es una de las personas que, como tantas otras, migraron a una ciudad más grande en busca de “más tolerancia, más inclusión, menos efectos nocivos de la violencia y poder vivir libremente”.
Sobre esto, explica que les activistas “estamos poniendo el cuerpo, la sexualidad y la identidad todo el tiempo. Sacar ese pozo personal hacia lo externo puede ser muy fuerte sobre todo en un país donde las personas ni siquiera se sienten en la comodidad de salir del closet o de vivir libremente. Hacemos eso todos los días, 8 horas al día, explicando todo el tiempo en instituciones públicas, en medios, con tal de hacer conciencia, sensibilización y acercarnos”.
Durante 2020 se registraron 331 asesinatos a defensorxs de derechos humanos en el planeta, de los cuales 264 ocurrieron en el continente americano, según el informe Análisis Global 2020 de Front Line Defenders. El país con la mayor cantidad de asesinatos a este sector de la población fue Colombia -177 personas asesinadas, el 53% del total- y luego le siguen Filipinas y Honduras, con 25 y 20 asesinatos, respectivamente, México (19), Afganistán (17), Brasil (16) y Guatemala (15).
La mayoría de ellxs (el 63%) eran defensores de los pueblos indígenas, el derecho a la tierra y el medioambiente, mientras que el 28 por ciento defendía los derechos de las mujeres y el 26 por ciento específicamente los derechos de los pueblos indígenas. En cuanto a activistas o defensorxs LGBT, en Honduras fallecieron entre 2020 y 2021 a causa de muertes violentas cinco personas, según el Observatorio de Cattrachas y, en Guatemala, seis.
“Riesgos para las personas que defienden los derechos humanos o las activistas siempre habrá por los discursos de odio y los detractores que todavía existen”, dice Gabriel Benjamin Escobar, quien se considera un defensor de Derechos Humanos, más que un activista.
“Ser defensor tiene un impacto directo en la salud mental”
Escobar vive en El Salvador, es un hombre trans de 26 años e implementa estrategias de relaciones públicas y comunicaciones en COMCAVIS TRANS, organización que trabaja para que Estado salvadoreño visibilice, reconozca y dé cumplimiento a los derechos humanos de la población LGTBI.
Sobre esto, agrega que “hay que tener en cuenta el contexto político y social donde se desenvuelven los defensores de derechos humanos” y explica que en El Salvador “los discursos que han llevado los personajes que están en el gobierno actualmente han hecho que exista mucha estigmatización alrededor de las personas que son activistas o que son defensoras”.

En este sentido, considera que ser defensor “tiene un impacto directo en la salud mental”. “Por eso -agrega- son importantes las redes afectivas, de apoyo, el autocuidado personal, el autocuidado colectivo. Uno debe intentar separar su labor como defensor de DDHH o su activismo, de su vida personal. Nos exponemos a situaciones que a veces provocan un desgaste emocional -como ansiedad o sentimientos de impotencia- porque nos exponemos a historias de vida donde hay violencias, violaciones de los DDHH, y estas causan un impacto directamente en nuestra percepción”.
Tras una pandemia que agotó en gran medida la energía de les activistas, pero que demostró la importancia de sus acciones, este 20 de agosto reconoce la relevancia mundial que tiene la voluntad política de querer cambiar realidades injustas y la celebra.
¿Cómo se vive el activismo? “Berta Cáceres lo decía de esta forma: la mejor forma de rebeldía que tenemos es la alegría”, concluye Seydi Díaz.]]></content:encoded>
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                        <title>Cómo parar la olla: el pedido urgente de las cuidadoras comunitarias</title>
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                        <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:32:36 +0000</pubDate>
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Las ollas vacías reflejan la realidad de cientos de ollas de comedores de todo el país que no llegan a completarse por la falta de alimentos que el gobierno nacional, desde que asumió, se niega a entregar.
De acuerdo al Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) existen alrededor de 50 mil espacios comunitarios en todo el país que hoy no llegan a completarse por falta de alimentos. La cifra se construyó con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante el gobierno nacional anterior y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los espacios de cuidado barriales, después de la pandemia para agilizar las ayudas del Estado.
Cuenta Norma Morales, referente de Somos Barrios de Pie y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que hasta hace tres meses, por espacio cuidado hay un promedio de 120 a 140 familias que alimentan. Ese número cambió a partir de la llegada del gobierno de Javier Milei con el crecimiento acelerado de la inflación y la cantidad de personas desempleadas y cesanteadas.
“Esa cifra cambió totalmente ante el brutal ajuste de este gobierno, la inflación, el crecimiento de la pobreza, el aumento de la canasta básica, el precio del transporte y el congelamiento de los sueldos. Todo eso, hace que en los cuidados comunitarios se triplique la cantidad de familias que se vuelcan a esos espacios a pedir comida”, explica Morales.
La referenta fue una de las mujeres que estuvieron el jueves 1 de febrero frente al Ministerio de Capital Humano intentando que la ministra de la cartera, Sandra Pettovello les recibiera el petitorio urgente. “Con el gobierno anterior no era regular ni ordenada la entrega de las partidas, también tuvimos idas y vueltas, y eso se agudizó ahora como consecuencia del ajuste que hizo este gobierno. Esos fueron los elementos que hoy nos preocupan”, agrega.
La falta de alimentos no sólo impacta en la imposibilidad de repartir la comida sino también en ánimo de quienes asisten a los comedores. “Nos preocupa porque se está generando un nivel de violencia entre nosotros mismos. Los vecinos terminan acusándolas a las cuidadoras comunitarias porque nos quedamos sin mercadería. O porque no quieren trabajar y no quieren brindar más días de servicio, y es todo lo contrario. Les planteamos que es un problema de este gobierno, pero es difícil cuando en la cabeza de esa persona el problema está en dónde va a buscar la comida”, agrega. “En muchas personas, la comida que retira es el único plato en el día. Eso es angustiante y como argentinos o podemos naturalizar eso.”
Entre las personas que se sumaron a los comedores hay trabajadores y trabajadoras formales. Detalla que se triplicó la cantidad de gente que asiste para alimentarse. “Esto es nuevo, en esta última semana vienen a pedir no sólo vecinos jubilados, pensionados o mamás que tienen la Tarjeta Alimentar si no trabajadores formales. Esa es nuestra preocupación, mucha gente llega diciendo que sienten vergüenza de pedir comida. Vergüenza debería tener este gobierno de no generar políticas públicas alimentarias para cuidar en particular a las cuidadoras comunitarias y después sostener el funcionamiento de los espacios”.
Son varias las organizaciones que se unieron durante la pandemia para pedir y articular que se garanticen las partidas alimentarias. Esa red es hoy la que cuida a las comunidades y procuran que ninguna persona se quede sin su comida dado que varios espacios se cerraron o abren solo dos veces por semana.
En 2023 se presentó en el Congreso un proyecto de ley para que las personas que trabajan en las cocinas comunitarias accedan a un salario básico por el trabajo que desempeñan en los comedores. El 80% son mujeres y disidencias y el resto, varones.
El proyecto contempla una remuneración que equivale a un salario mínimo fijado periódicamente por la Comisión Nacional de Trabajo en Comedores y Merenderos Comunitarios, depositado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Además, reconoce la labor que realizan como un trabajo, con responsabilidades y derechos, tales como la posibilidad de tener vacaciones, licencias, aguinaldo, indemnización, seguridad social, un descanso de 48 horas semanal y una jornada laboral que no puede exceder las 7 horas diarias y las 45 semanales.
El proyecto fue parte de la agenda feminista y no llegó a avanzar en el parlamento. Es a esa agenda a la que el presidente Javier Milei apuntó como la que “retrasó el crecimiento de la Argentina”.
“Me dio vergüenza que representara al país. Dijo que las mujeres entorpecimos el crecimiento de la Argentina, cuando muchas de esas compañeras no cobran ninguna ayuda. Trabajamos lunes a lunes para que ningún vecino se quede sin su plato de comida y nosotras no lo podemos permitir. Nosotras no somos parásitos del Estado, son ellos, no somos las que entorpecimos el crecimiento del país, somos el motor para acelerar esta rueda económica y que siga circulando y creciendo», dice Norma, «los que más tienen son los que hambrean y frenan nuestro pueblo».
«Hay una sociedad que legitimó este gobierno y que lo sigue bancando. Nosotras somos respetuosas de lo que se votó, pero creo que hay que generar más de empatía y sensibilidad. Esta actividad de la ronda de las ollas vacías estamos pidiendo para seguir brindando esa comida a nuestra comunidad. Necesitamos que este gobierno declare la ley de emergencia alimentaria porque la Argentina está atravesando una crisis alimentaria tremenda y nadie de la política está diciendo nada».
En la manifestación del jueves 1 de febrero, Morales sufrió los ataques de parte del gobierno de Milei. «Llegamos a pedir que nos reciban y nos dieron con gas pimienta. Es una definición política de esta ministra. Pero nosotras no vamos permitir que los vecinos se mueran de hambre», finalizó.]]></content:encoded>
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                        <title>Femicidio en Córdoba: encontraron el cuerpo de Agostina Vega, la adolescente desaparecida hace una semana</title>
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                        <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:31:21 +0000</pubDate>
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Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en la madrugada del domingo pasado, fue hallada sin vida en la tarde de ayer en un descampado ubicado cerca del barrio Ampliación Ferreyra, en las inmediaciones de esta capital. Horas después del hallazgo, vecinos, familiares y allegados de la adolescente fueron recibidos a balazos de goma en la misma comisaría donde en la madrugada del domingo 24 de mayo se negaron a tomar la denuncia por la desaparición. «Estamos pidiendo la renuncia de Juan Pablo Quinteros», dijeron los manifestantes en medio de las corridas por el barrio.
La protesta es la segunda que se realiza en la semana y apunta al mal desempeño que tuvo tanto la Justicia como el Estado cordobés en la búsqueda de la nena. Todo el proceso estuvo plagado de falencias desde la negativa a tomar denuncia a la espera de casi 72 horas para activar el sistema de Alerta Sofía, fundamental en estos casos.
Agostina, de 14 años, era intensamente buscada por su familia a horas de haber desaparecido. Fue la familia quien caminó las calles del barrio y se comunicó incluso con el actual detenido para recabar datos de la nena. Así apareció el remisero cuyo testimonio fue fundamental para trazar el recorrido de la nena desde que salió de su casa hacia el domicilio de Claudio Barrelier.
El hombre de 33 años, con quien la adolescente se encontró la noche del sábado 23 de mayo, permanece detenido, aunque, según explicó el fiscal Raúl Garzón, niega haber tenido que ver en el femicidio de la nena. Los restos Agostina estaban dentro de un tacho de pintura de 20 litros y en bolsas de consorcio.
Raúl Garzón, al frente de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3 junto al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros brindaron una conferencia de prensa donde intentó responder muchos de los cuestionamientos de la investigación.
A su vez, consideró que la nena “fue asesinada en la casa del detenido”, Claudio Barrelier. También ratificó que el sospechoso tiene antecedentes penales, y que en el allanamiento de su vivienda se encontraron pruebas de amplio valor.
En la conferencia, Garzón dijo que no hay una «cuestión de género», y no aceptó las críticas a las falencias que tuvo su trabajo. Apuntó en tono amenazante contra la prensa y elogió el trabajo de la policía. A pesar de que estuvo presente, el ministro Quinteros no pronunció palabra en los 40 minutos que duró el encuentro con la prensa.
Uno de los momentos tensos que se vivió durante la conferencia fue cuando el fiscal fue increpado por Laura Vilches, docente y concejal de Córdoba. En una primera intervención la mujer había pedido explicaciones al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros sobre la tardanza en la activación del Alerta Sofía. El fiscal se interpuso y no permitió que el funcionario responda.
En otro momento de la desconcertante conferencia de prensa, Garzón pidió que uno de los canes que participó de la búsqueda sea reconocido. “Si hay que otorgarle una medalla de distinción a alguien sería a ese perro que permitió en superficie una parte y bajo la superficie, con su olfato y la guía de los profesionales…”. Ante esos dichos, Vilches lo interrumpió expresando: “puede ahorrarse el cinismo, estamos hablando de una niña de 14 años asesinada y usted felicita a los canes. Denunciamos la responsabilidad de usted ante la Justicia. No sea cínico. Pare un poco porque es una payasada lo que está haciendo”, lanzó la concejal.
Josefina Rodríguez es integrante del colectivo Ni Una Menos Córdoba. La organización se mostró afectada por un nuevo femicidio pero analizó todo lo que se hizo mal durante la investigación. La organización colabora en la difusión de búsquedas desde hace once años. “En este caso podemos decir que se manejaron muy mal por muchas razones: primero, porque hay muchos protocolos que la Justicia y la policía deben cumplir, que ya están establecidos y que se han activado muchas veces y en muchos casos. Gracias a estos protocolos es que se ha podido encontrar a la persona antes de llegar a la situación fatal, a lo peor, que es la muerte, que es el femicidio», expresó Rodríguez.
“En la madrugada del domingo de la final del partido entre Belgrano y River, acá en Córdoba, cuando, como cuenta el abuelo, fueron a hacer la denuncia en la Unidad Judicial 13 a cargo del fiscal Raúl Garzón, les dijeron que la mayoría de los agentes estaban abocados al operativo del partido. Eso demoró el inicio de la búsqueda. También se demoró el Alerta Sofía, estamos hablando de una menor», agrega. Otra demora, señala Rodríguez es la tardanza en el allanamiento donde se vio por última vez a Agostina. También detalló que Barrelier ya había sido denunciado y sin embargo trabajaba en la Municipalidad de Córdoba.
El femicidio de Agostina sucede días antes de que se cumpla un nuevo aniversario de Ni Una Menos, la histórica marcha que pedía precisamente crear políticas públicas que se orienten a erradicar la violencia de género. Luego de la conferencia de prensa, los vecinos y familiares de Agostina fueron reprimidos frente la comisaría de la zona donde pedían la renuncia del ministro de Seguridad.
Desde Ni Una Menos Córdoba explican la situación con respecto a la agenda de género está atravesando un momento bastante complejo, casi alarmante. «Seguimos estando en emergencia. Hace mucho tiempo venimos reclamando por esa emergencia y esa urgencia. Tenemos el Polo de la Mujer, que es un dispositivo muy bueno pero que necesita presupuesto, necesita mejoras, necesita más recursos y, sobre todo, necesita mejores condiciones laborales para las personas que trabajan allí», detalla Josefina Rodríguez. «Es un problema muy grave que atravesamos como sociedad en la provincia de Córdoba respecto de no solo las desapariciones y los femicidios como expresión última sino también en todas las otras formas de violencia de género que son previas, desde la más pequeña a la más extrema.»
Para ella, la crisis económica que se vive afecta y la violencia «se palpa en los tratos, en los trabajos, en los ámbitos de las familias y en las escuelas», enumera. Agrega que, el gobierno nacional señala al movimiento feminista como enemigo y que con ello tratan de desviar la atención del trabajo de los colectivos. «Desde los colectivos, desde las organizaciones de la sociedad civil se intenta concientizar, llegar a la gente, hablar de la complejidad de la violencia machista, de una estructura que nos está haciendo muchísimo daño a muchos niveles. Nos sigue matando de manera transversal, sin importar clase social, sin importar la historia de las personas», agrega.
«Necesitamos justicia, jueces y fiscales con perspectiva de género que se centren en la búsqueda y cuidado de las posibles víctimas y su familias y evitar el show mediático», finaliza Rodríguez.
El cuerpo de Dulce María Beatriz Candia, una adolescente de 17 años, fue hallado en el interior de una construcción abandonada del barrio El Tucán, en la ciudad de Eldorado, Misiones.
La joven era buscada desde el 17 de mayo tras su desaparición, en el marco de actuaciones instruidas por la Unidad Regional III de la Policía de Misiones. De acuerdo a los datos preliminares de la autopsia, Dulce sufrió una muerte violenta provocada por asfixia.]]></content:encoded>
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                        <title>Ciudad ordenó desalojar a 20 mujeres y niñes del Barrio Mugica</title>
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                        <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:30:05 +0000</pubDate>
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Diez familias, la mayoría monomarentales, del Barrio Mugica, Villa 31, piden soluciones al gobierno de la Ciudad ante el inminente desalojo de la Galería Sin Fronteras, lugar donde viven desde hace 4 años.
El desolojo estaba previsto para este martes, pero se postergó para el viernes 22. Las familias esperan alguna solución en ese plazo.
En el lugar viven 20 niños y niñas, algunxs de ellxs con discapacidad y que están a punto de quedar en la calle. El lugar se había construido para cobijar a mujeres víctimas de violencia de género, pero nunca se ocupó. Estuvo abandonado mucho tiempo hasta que, en 2020, en plena pandemia y con una situación económica que impedía alquilar, el lugar fue habitado por mujeres que estaban escapando de situaciones de violencia.
En febrero les llegó un aviso de desalojo ordenado por la Justicia Penal de la Ciudad de Buenos Aires. El defensor oficial, Hernán San Martín, pidió la postergación del desalojo. Por otro lado, el otro defensor, Ramiro Dos Santos Freire pidió una solución habitacional para las familias.
“Nos ofrecen un subsidio habitacional. Nosotras no podemos salir de acá porque no hay alquileres, a veces no te aceptan con chicos, con animales. Le pedimos al gobierno de la Ciudad que nos deje en este lugar, o que nos reubique en un lugar donde podamos vivir”, dice Johana a Tiempo Argentino. Es una de las mujeres, cabeza de familia, que vive en el lugar.
A pesar de que son diez las familias, la mujer también comenta que sobre ella y dos mujeres más pesa, además, una causa penal: las acusan de usurpación. “Sólo somos tres mujeres las que tenemos la causa penal. Nos acusan de usurpación a pesar de que el lugar no tenía ni puertas ni ventanas”, cuenta Johana. “También hay una vecina que fue reubicada acá mismo por el gobierno de la Ciudad y ahora nos piden el lugar. Nosotras estamos luchando para que nos dejen también aquí”, agrega.
En el edificio sólo vive un hombre que tiene dos hijos y se hace cargo de ambos. El resto son mujeres con diversas historias.
El defensor oficial Dos Santos Freire, explicó en Somos Télam, el portal de lxs trabajadorxs de la agencia Télam, que desde la Ciudad defienden el desalojo y que hasta ahora no habían ofrecido ninguna solución habitacional. “Sí hay resoluciones cautelares que cubren a cinco familias”, sostuvo Dos Santos Freire, defensor a cargo de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social del Ministerio Público de la Defensa.
Fue el juez Contencioso, Administrativo y Tributario Darío Reynoso, quien resolvió ordenar al gobierno porteño incluir a cinco de los grupos familiares “en alguno de los programas creados para proveerles una solución habitacional adecuada, o bien los recursos financieros para solventar el costo íntegro de un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas, teniendo en consideración sus situaciones actuales”, consigna Somos Télam.
Desde la Asamblea Feminista de Villa 31 y Villa 31 Bis, realizaron una actividad el fin de semana para denunciar la situación por la que atraviesan las familias.
Por su parte, la legisladora porteña Victoria Freire acompañó este fin de semana a las mujeres que reclaman por viviendas.
Johana, explicó que no puede aceptar el subsidio porque solucionan dos meses en lugares que además tienen que conseguir ellas. «No es fácil hoy conseguir un lugar para vivir. Es problemático. Pedimos que el gobierno de la Ciudad lo solucione», dijo.]]></content:encoded>
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