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                        <title>La 31 Marcha del Orgullo LGBTIQ+ se realizará con el lema «La deuda es con nosotres»</title>
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                        <pubDate>Sat, 09 May 2026 04:29:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Este sábado se realiza una nueva edición de la 31 Marcha del Orgullo LGBTIQ+ que comenzará en Plaza de Mayo y terminará en la plaza del Congreso y tendrá como lema “La deuda es con nosotres”...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Este sábado se realiza una nueva edición de la 31 Marcha del Orgullo LGBTIQ+ que comenzará en Plaza de Mayo y terminará en la plaza del Congreso y tendrá como lema “La deuda es con nosotres”.
La marcha está organizada por COMO (Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo) que está integrada por las agrupaciones ATTTA, Club de Osos de Buenos Aires, Cóncavos y Convexos, Cooperativa Estilo Diversa Diversidades Bolivianas en Argentina, Federación Argentina LGBT, Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita, GAPEF, entre otras.
A las 11 de la mañana se instalará por primera vez un parque blando para que jueguen las infancias. Aa las 13 se presentarán bandas artísticas y a partir de las 17 comenzará la tradicional movilización que este año hará especial hincapié en el reclamo por una Ley Integral para personas Trans, una Ley Antidiscriminatoria y en defensa del uso del lenguaje inclusivo, informó la comisión organizadora.
En este año participarán al menos 45 camiones de diferentes organizaciones sociales y políticas que desde las 11 de la mañana se apostarán en los alrededores de Plaza de Mayo donde después de las 19 se cerrará con el recital de Cazzu pero antes estarán allí DJ Alan, Invisibles Foklore, Richi Star y Nikka Loracha.
En la plaza del Congreso también habrá artistas. Allí se verá el espectáculo Dragapaliza, Tita Print, Pablo Ruiz y Jey Mammon junto a Sandra Mihanovich.
Una de ellas, la que se celebra este sábado en Plaza de Mayo, entre ellas la tradicional movilización a Plaza de Mayo que tendrá lugar el sábado 5 de noviembre bajo el lema La deuda es con nosotres: Ley Integral Trans, Ley Antidiscriminatoria, Sí al Lenguaje Inclusivo».
El Frente Orgullo y Lucha convoca a participar de la 31 marcha desde las 16 en Diagonal Norte y Florida.
Con la consigna “Orgullo es dignidad, amor y lucha” el Frente Orgullo y Lucha convoca con las consignas “contra los discursos de odio y las violencias” y “defendamos las políticas públicas de géneros y diversidad”. Ambas forman parte de un documento federal del orgullo 2022
Orgullo y Lucha realizó un masivo un acto festival el 30 de octubre en C Complejo Art Media, donde fueron reconocidas por su trabajo y compromiso con los derechos de las personas LGBTINB+ Vilma Ibarra, Ayelen Mazzina, Eli Gómez Alcorta, Marita Perceval, Estela Díaz, Lucia Portos, Mónica Macha, Hugo Yasky, Karina Nazaval y Laura Velazco.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) declaró de interés las Marchas y Festivales del Orgullo LGBTIQNB+ 2022 que se celebrarán en distintas ciudades del país.
La declaración se realizó mediante la resolución 720/2022, publicada en el Boletín Oficial, donde con la firma de la ministra Ayelén Mazzina se reconoce “la importancia material y simbólica que posee la Marcha del Orgullo para la comunidad LGBTI+, como símbolo de organización política para la ampliación de derechos desde una política de visibilidad”.
La resolución 720/2022, el MMGyD también ratificó la vigencia del Programa para el Fortalecimiento de la Participación Social y Ciudadana en Materia de Género y Diversidad, por el que se brinda apoyo a las organizaciones con personería jurídica.
En efecto, el ministerio otorga apoyo económico por un monto equivalente a diez salarios mínimos, vitales y móviles para fortalecer la participación de las organizaciones sociales y de la sociedad civil en actividades, eventos y encuentros de interés en materia de género y diversidad.
Estas actividades deben tener al menos uno de los siguientes ejes temáticos: Violencias por motivos de género; Igualdad de género y Diversidad, y el financiamiento está destinado a solventar gastos de traslados, insumos de comunicación y otros rubros necesarios para su organización y participación, según lo dispuesto en los lineamientos generales de dicho Programa.
La primera Marcha del Orgullo se realizó en nuestro país en 1992 y fue en invierno junto con las celebraciones del mes internacional del orgullo. En ese entonces, cuentan los militantes históricos, asistían entre 300 y 500 personas. Con los años y los avances en materia de derechos civiles y sociales lograron que sea uno de los eventos más masivos que se organizan durante el año.
Por la marcha habrá cortes y restricciones en el perímetro comprendido por las calles Ayacucho/Sarandí, avenida Corrientes, avenida Belgrano y Leandro Alem/Paseo Colón. El operativo se llevará a cabo entre las 8 del sábado y las 2 de la madrugada del domingo.]]></content:encoded>
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                        <title>El gobierno de Milei, tras vaciar las políticas públicas de género, condena a Alberto Fernández</title>
                        <link>https://apuestarsmax.com/community/main-forum/el-gobierno-de-milei-tras-vaciar-las-politicas-publicas-de-genero-condena-a-alberto-fernandez-17/</link>
                        <pubDate>Sat, 09 May 2026 04:28:46 +0000</pubDate>
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El gobierno de Javier Milei no necesitaba una denuncia por violencia contra el expresidente para destruir las políticas estatales de género: ya lo estaba haciendo, y se vanagloriaba de ello. Pero el horror de los golpes a la ex primera dama le calza a la perfección para coronar el proceso. Para terminar de desacreditar todo lo hecho por los derechos de mujeres y disidencias, como si esos derechos hubieran dependido de Alberto Fernández y no de una lucha en las calles que lo precedió por años.
“El movimiento feminista de nuestro país fue orientación e inspiración en el mundo entero, inaugurando un ciclo de movilización transnacional. Durante la pandemia, gracias a esa fortaleza, se sostuvieron las calles al punto de conquistar el aborto en 2020. La memoria feminista de las redes que nos sostuvieron entonces son clave. Quienes no tienen una lectura de proceso, solo miran fotos estáticas”, escribieron en este diario Luci Cavallero y Verónica Gago, de Ni Una Menos. No ahora, sino en noviembre del año pasado, tras el triunfo electoral de la ultraderecha en la Argentina. Aunque la alusión a las fotos parezca premonitoria. (Fotos que, como se dijo acá, Tiempo decidió no mostrar: porque revictimizan, porque vulneran los principios básicos de cómo abordar la violencia).
“La línea 144 está abierta las 24 horas para asistir a todas aquellas personas que sufren violencia por motivos de género”, escribió el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando la denuncia de Fabiola Yáñez ya era un hecho. Amnistía le respondió con datos: le recordó que esa línea –que atendió entre 2019 y 2023 más de 1.200.000 llamadas y realizó más de 93.000 intervenciones- quedó reducida por la actual gestión a dos trabajadoras por turno.
“Actualmente, hay 7 mil víctimas de violencia de género en situación de riesgo alto sin respuesta y a la espera de recibir la prestación financiera del Programa Acompañar. El Ministerio de Justicia disolvió la Subsecretaría de Protección de la Violencia de Género. Es la primera vez en 37 años que las políticas para atención y prevención de la violencia de género carecen de institucionalidad en la Argentina. Esto sucede en mientras en Argentina se registra 1 femicidio cada 32 horas”, detalló la organización internacional.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), apuntó también que la línea 144 recibió 10 mil comunicaciones en lo que va del año consultando por el Programa Acompañar, una ayuda económica para mujeres que la necesitan para salir de un vínculo violento. “En el primer trimestre del 2023 lo habían recibido 34.023 personas, mientras que en primero de 2024 sólo 434 lo recibieron. Es decir, un 98.63% menos”, contrastaron, y se preguntaron: “Si se elimina la Subsecretaría y se desmantelan todas las políticas públicas, ¿qué pueden ofrecerle a las personas que llaman a la 144 para acompañarlas realmente?”
“Que dirigentes políticos como Alberto Fernández hayan impostado compromiso con los derechos de las mujeres y hayan hecho un uso político de un movimiento que no les pertenece, no quita relevancia y trascendencia al movimiento feminista y nuestras reivindicaciones. No invalida el trabajo que muchas personas hicieron antes, durante y después de su mandato, con o sin identificación político partidaria”, concluyó ELA, en tiempos de decir lo que parecía obvio.
“Creo que la postura del Gobierno es una muestra más del modus operandi cínico, que trata de culpabilizar y atacar las reservas de luchas más importantes de nuestro pueblo. La escena es perversa: se nos culpa aun si las luchas feministas son la condición de posibilidad de que exista audibilidad para una denuncia”, sostiene Luci Cavallero, feminista y socióloga. “Sería imposible que un caso como el de Fabiola tenga condiciones de audibilidad sin luchas feministas previas”, resalta.
El combo del desmantelamiento de políticas de prevención y abordaje de violencias de género, apunta la investigadora, “se suma a la eliminación de políticas que buscaban reducir brechas salariales y de ingresos, o a las políticas de prevención del embarazo adolescente como el Plan Enia. Todo eso combinado con allanamientos a comedores populares y persecución de la protesta social que tratan de generar un clima represivo frente al ajuste brutal”. Cuyos efectos quedan opacados en los medios por estos días, casi exclusivamente volcados a las filtraciones de videos y las opiniones de repentinos escandalizados ante la violencia machista.
Como quedó opacado el escándalo de la visita de legisladores oficialistas a genocidas. Entre quienes, paradójicamente, hay responsables de la violencia de género en su máxima expresión, ejercida sobre los cuerpos de mujeres ilegalmente detenidas en centros clandestinos. Como el expolicía Mario Marcote, uno de los represores presos que posó para la foto, condenado por violaciones a personas secuestradas en Rosario. Pasó de largo en el tamiz de la indignación selectiva.]]></content:encoded>
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                        <title>Diputados analizó la ceración de una pensión reparatoria para personas travestis y trans</title>
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                        <pubDate>Sat, 09 May 2026 04:27:38 +0000</pubDate>
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Con la presencia de expositores, la Comisión de Mujeres y Diversidad avanzó en el tratamiento de los distintos proyectos que establecen el otorgamiento de una percepción vitalicia a todas las personas travestis y transexuales de más de 40 años.Al inicio de la reunión informativa, la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, diputada nacional Mónica Macha (Frente de Todos), informó que “existen diferentes proyectos que actualmente están con estado parlamentario y que se refieren a la posibilidad de tener una ley de reparación histórica”, al tiempo que aseveró: “Tenemos que construir un consenso”.En ese sentido, la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Agustina Ponce, señaló: “Queremos que Argentina reconozca, a través del Congreso Nacional, años de persecución a la comunidad travesti- trans”. Por otra parte, explicó que “se trata una comunidad que tiene una probabilidad de vida que oscila entre los 40 y 44 años”. “La mitad de la expectativa de vida que tiene la comunidad en general”, puntualizó.En la misma línea, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la representante Especial de Argentina sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, Alba Rueda, explicó que “hablamos de reparación porque hubo una vulneración de los derechos humanos”, al tiempo que remarcó: “Existe una desigualdad material y simbólica”.Desde la Asociación civil Otrans Argentina, Claudia Vasquez Haro consideró: “Somos una comunidad que ha sido empobrecida y excluida de todos los espacios: barriales, educativos, etc.”. “Es necesario que el Estado reconozca y repare”, instó.A su turno, la interventora del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Greta Pena manifestó su apoyo a los distintos proyectos al sostener que “el aporte del INADI es fundamental para mantener políticas públicas y acciones concretas”.En tanto, la activista y militante por los derechos travesti-trans Paula Luana Salva se refirió a su lucha, y en ese sentido, aclaró: “Estamos reclamando una reparación para una muerte digna, para los últimos años que nos queda de edad, para poder morirnos como cualquier ser humano con derechos porque actualmente seguimos excluidas”.Por otra parte, Úrsula Sabarece, directora de Diversidad de la provincia de Chaco, pidió “unificar los cuatro proyectos presentados para que se apruebe la mejor Ley”, mientras que Adam López, perteneciente a Somos Diverses (Liga LGBTIQ+ de las provincias), remarcó: “Necesitamos tener una nueva herramienta estatal y así poder lograr una reparación digna”.A modo de cierre, y como autora de uno de los proyectos, la diputada Gabriela Estévez (Frente de Todos), ponderó la lucha del colectivo: “Esto es una expresión de lo que vienen peleando hace mucho tiempo”. “Sus voces faltan en el recinto”, reclamó, al tiempo que consideró: “La política no ha sido justa con ustedes y este es el momento de una Justicia necesaria y reparatoria”.Desde el Partido obrero- Frente de izquierda, la diputada Romina del Pla manifestó su apoyo a la “reparación histórica”.]]></content:encoded>
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                        <title>Presupuesto para cuidar, ¿pero con qué fondos?</title>
                        <link>https://apuestarsmax.com/community/main-forum/presupuesto-para-cuidar-pero-con-que-fondos-21/</link>
                        <pubDate>Sat, 09 May 2026 04:26:30 +0000</pubDate>
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En un contexto de promesas inconclusas, de proyectos de ley anunciados y jamás tratados, las intenciones de disciplinar y dar solvencia al Estado no pasan desapercibidas por las feministas que seguimos atentas a las políticas que buscan achicar la desigualdad de género y atender las urgencias que la pobreza, con rostro de mujer, nos presenta. Con los recientes cambios en el gabinete, ¿permanecerá la tendencia?
Las cuotas de dinero que el Tesoro habilita mensualmente para que los organismos gasten no van a superar lo que haya realmente en la caja, a fin de lograr el equilibrio. Sin planes explícitos de aumento de la recaudación, eso sólo significa ajustes en el gasto. En este momento de austeridad fiscal, sumado a las negociaciones políticas que retrasan su tratamiento, el proyecto de Ley para crear un Sistema Integral de Cuidados presentado hace pocos meses y que aún no ha sido votado, no parece visualizar una concreción cercana.
Hasta acá, ¿cómo venimos?
El primer semestre del año, el gobierno gastó el 46,6% de lo previsto para cerrar brechas de género. Recordemos que el presupuesto nacional permite seguir la ejecución de los programas con perspectiva de género, es decir que busquen reducir las brechas existentes, ya que tiene incorporado lo que se conoce como “etiquetado PPG”. Así, se puede mirar qué programas hay, en qué organismos están, qué problemáticas específicas atacan y hasta cuánto ejecutan del dinero que poseen.
De los ministerios que tienen programas PPG relacionados con cuidados, podemos ver en el gráfico siguiente que todos devengaron por encima del 30% de su presupuesto, siendo Salud y Trabajo los que quedan por detrás de lo esperado para mitad de año. En lo más alto del ranking está el Ministerio de Mujeres (57%) y el de Desarrollo Social (54%).
Programas en la mira
Las tres actividades de Desarrollo Social que más relacionadas están con lograr una distribución más equitativa del trabajo de cuidados son el Programa Primeros Años, la Prestación Alimentar y las Políticas Federales para el Fortalecimiento Familiar y Comunitario. Esta última, que busca “acompañar a familias en proyecto de autogestión familiar y la autonomía personal”, sólo devengó el 21% de su presupuesto. Alimentar llegó al 55% y Primeros Años ya agotó el 75% de lo asignado. Gastar de menos no es deseable, pero en este contexto de reducción del gasto se pone en duda si van a alcanzar los fondos para la segunda parte del año.
Del Ministerio de Salud, el programa Abordaje de Curso de Vida contempla acompañamiento a personas gestantes y niñxs en los primeros años de vida, a través de detección y asistencia en caso de enfermedades y otros sostenes nutricionales. En total lleva devengado solamente el 31%, donde la mayor subejecución se concentra en las Acciones en Salud Perinatal. Si no se gasta, los productos que hacen a la distribución del cuidado no llegan a las personas que lo necesitan.
El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad tiene un programa específico, “ARTICULAR”, destinado a financiar proyectos en ámbitos comunitarios impulsados por organizaciones sociales que trabajen temas de género, a las cuales se les brinda también asistencia técnica. Los proyectos pueden estar relacionados con violencia de género, organización del cuidado y diversidad. De los 35,5 millones de pesos que están asignados, sólo se devengaron 5,5 millones, el 15%. Para cuidar se necesita tiempo, dinero y un Estado presente que garantice recursos para quienes todos los días realizan estas tareas.
Por un Sistema Integral de Cuidados
Debemos tener en cuenta que entre los programas etiquetados como con perspectiva de género, que además tienen un componente de cuidados, los ejes mayormente cubiertos son la autonomía (económica y familiar) y el acompañamiento en la crianza. En ese sentido, brillan por su ausencia los programas etiquetados relativos a la construcción de espacios de cuidado, que son centrales en el anteproyecto de un Sistema Integral de Cuidados.
Este anteproyecto fue anunciado en mayo de este año y consiste básicamente en ampliar y hacer más justo el régimen de licencias parentales, aumentando la cantidad de días e incluyendo a trabajadores que históricamente no contaron con el derecho, como quienes trabajan bajo el régimen de trabajadoras de casas particulares registradas (sólo el 30% del total), el régimen agrario y monotributistas y autónomos. A su vez, tiene en cuenta la realidad de familias no heteronormadas y adoptantes.
Si bien son escasas, el anteproyecto también contempla algunas acciones relativas a fortalecer lo que se conoce como “infraestructura de cuidados”, que incluye todo lo relativo a la organización, el sostén y el equipamiento de la garantía de cuidados, tanto para quien los recibe como para quién lo ejerce.
Alcanzar un sistema integral de cuidados implica revisar normativas, políticas y prácticas arraigadas, pero también necesita presupuesto para avanzar y fortalecerse. En este sentido, debemos insistir que el anteproyecto presentado no es un diseño completo y claro del sistema integral de cuidados desde la asignación presupuestaria que le daría cauce. Exigimos licencias más igualitarias para cuidar, pero también vacantes en las escuelas, centros de cuidado para las infancias, adultos mayores y personas con discapacidad, programas de apoyo comunitario y estatal y profesionalización para quienes se desempeñan cuidando. Para eso hay que pensar cómo, cuándo y con qué recursos se va a impulsar.
A su vez, vivimos un contexto de reducción del gasto público que amenaza conseguir pisos mínimos de igualdad, como lo son la igualación de las licencias paternales. No sólo no parece avanzar la agenda de igualdad de derechos, sino que los programas de austeridad y las reducciones en el gasto golpean más fuerte a las mujeres y la población LGBTIQ+. Esta realidad debe tenerse en cuenta, mirando la ejecución de los programas que buscan cerrar brechas de género.
Sin embargo, en este balance de mitad de año vemos que algunos programas básicos siguen sin ser ejecutados. Necesitamos más y mejores leyes, pero también necesitamos más gestión y ejecución sobre lo que ya conseguimos.
La nota es parte de la alianza entre Tiempo yEcofeminita, una organización aliada que trabaja para visibilizar la desigualdad de género a través de la elaboración de contenidos claros y de calidad.]]></content:encoded>
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                        <title>A siete años del primer Ni Una Menos, siguen los reclamos para erradicar la violencia de género</title>
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                        <pubDate>Sat, 09 May 2026 04:25:21 +0000</pubDate>
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Este año se cumple el séptimo aniversario de una movilización que marcó la lucha feminista en la argentina. Para conmemorar la fecha, organizaciones feministas, partidos políticos y familiares de víctimas de femicidios vuelven a marchar en todo el país con la consigna Ni Una Menos, en reclamo de justicia por los crímenes que siguen impunes y medidas para erradicar las violencias de género.
Ni Una Menos surgió de un grupo de intelectuales y periodistas que veían cómo día a día se mataban a mujeres de una manera cada vez más cruenta. En mayo de 2015, Chiara Páez, una chica de 14 años de Santa Fe estaba desaparecida. Después de unas horas de búsqueda, dieron con su cuerpo enterrado en el fondo de la casa del abuelo de su novio, el victimario. Fue ese crimen en que provocó el grito masivo.
El movimiento Ni Una Menos que se expandió por el mundo también fue parte de grandes conquistas a lo largo de estos siete años. También fueron las impulsoras del primer paro de mujeres, en octubre de 2016, un paro que luego se sucedió en diferentes países del mundo.
Ampliación de políticas
La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, realizó una evaluación de los dos primeros años del Plan Nacional contra las Violencias ante la Cámara de Diputados. Allí aseguró que se necesita “ampliar el alcance de las políticas contra las violencias de género en el país” y “promover que haya ministerios en las provincias con más presupuesto” con compromiso de los gobiernos locales y los poderes del Estado “para avanzar en lo que nos falta”.
“Este plan fue más que un plan: fue un cambio de paradigma porque sabíamos que necesitábamos, además de trabajar en el caso concreto y en la emergencia, atacar la matriz cultural que legitima las violencias, ir por las condiciones estructurales que posibilitan su reproducción”, aseveró la ministra.
El registro de la Justicia
Uno de los reclamos en 2015 era la creación de un registro que permitiera conocer la cifra de femicidios. Ese registro se creó meses.
Este año, a nivel nacional, la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia reveló que durante 2021 hubo 251 femicidios, a un promedio de uno cada 35 horas. La cifra es un 13 % menos a los casos registrados en 2020.
La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) reportó que en ese período atendió 8.741 denuncias por violencia doméstica, un 18% más que en 2020, y recibió 7.339 consultas, un 36% más que el año anterior.
Mayo, un mes con menos femicidios
Durante el mayo se cometieron 17 femicidios en todo el país, según dio a conocer el Observatorio de Femicidios en Argentina, “Adriana Marisel Zambrano” que coordina la Asociación Civil de la Casa del Encuentro.
La cifra representa el número más bajo de asesinatos motivados por cuestiones de género en todo el año. Según la organización, que realiza sus estadísticas propias al igual que otras entidades como Ahora que Así Nos Ven (AQSNV), MuMaLá y el Observatorio Lucía Pérez, la cantidad de femicidios en el último mayo se redujo respecto a meses anteriores, ya que en enero se habían contabilizado 31 asesinatos, en febrero 23, en marzo 30 y en abril 29.
De este modo, se registran 127 femicidios y 3 trans-travesticidios durante los primeros cinco meses del año. Esos femicidios provocaron que 147 hijos e hijas se quedaran sin sus madres.
Las víctimas tenían entre 19 y 50 años, que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y principalmente en sus propias casas. Del total, 36 mujeres fueron asesinadas producto de un impacto de bala, 27 como consecuencia de una herida de arma blanca, mientras que 22 fueron golpeadas por su agresor.
Otro aspecto que destaca el relevamiento de La Casa del Encuentro es que en 30 oportunidades las víctimas habían realizado una denuncia contra su agresor, de los cuales 5 femicidas tenían dictada una medida cautelar de prevención.
Con respecto a los asesinos, 8 de ellos formaban parte de una fuerza de seguridad, mientras que 17 de los autores se suicidaron tras cometer el hecho.
Por otro lado, el observatorio contabilizó 8 femicidios vinculados de varones en los primeros cinco meses del año.
Las medidas en PBA
Alrededor de quince programas fueron destinados a eliminar la violencia de género, que abarca desde la contención de las mujeres y LGTBI+ en situación de violencia de género, al fortalecimiento de la línea telefónica de denuncias y el monitoreo de los agresores a través de dispositivos electrónicos, entre otros, le permitió a la provincia de Buenos Aires reducir el número de femicidios durante 2021, con respecto a 2020.
Mientras en 2020 hubo 94 víctimas directas de femicidio en la provincia de Buenos Aires, en 2021 esa cifra se redujo a 73. El informe oficial destaca que la caída del 8 por ciento observada en el número de femicidios directos “se debería en principio a la disminución de casos en la PBA”.
En el caso de la PBA, en el marco del Programa de Abordaje y Monitoreo Electrónico de Situaciones de Alto Riesgo de las Violencias por Razones de Género (VPRG), la cantidad de dispositivos duales electrónicos (DDE) colocados se incrementan 10 veces desde diciembre del 2019 a la actualidad. A esa fecha, la suma de dispositivos duales era de 52, y actualmente es de 516, por citar un tipo de medidas implementadas, detalla el informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Uno de los programas es la Línea 144, que en 2021 atendió 16.416 llamadas por violencia de género; también el Registro Único de Casos (RUC); las Mesas Locales intersectoriales en más de 120 municipios y el Programa Mesas Intersectoriales de Pueblos (MiPueblo).
El MiPueblo busca fortalecer redes institucionales y con organizaciones para trabajar en la creación de dispositivos que acompañen a mujeres y LGTBI+ atravesadas por situaciones de violencias en el ámbito rural, isleño o lugares de menor densidad poblacional. Se trabaja para llegar a 2.200 pueblos.
También está el Programa de Abordaje Integral ante Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios (PAIF) y el Programa de Abordaje y Monitoreo Electrónico de Situaciones de Alto Riesgo de las violencias por Razones de Género, que pasó de entregar 52 tobilleras a un total de 561.
Además, están el Programa Mariposas, que propone la construcción de una memoria colectiva contra las violencias por razones de género; la existencia de un Fondo de Emergencia; el programa Yendo, destinado a jóvenes, y el Programa Comunidades Sin Violencias, que busca fortalecer los equipos locales de políticas de género.
Comunidades Sin Violencias se encarga de construir o remodelar hogares para la protección de mujeres y familias en situación de violencia y desarrollar vías de acceso al trabajo para mujeres y LGTBI+.
También se logró armar una red de Hogares de Protección Integral (HPI) y Casa Abiertas, integrado por 75 hogares en toda la provincia; y el Programa Mar para Todas, que promueve el derecho de las mujeres y diversidades sexuales en situaciones de violencia de género al tiempo libre, al esparcimiento y la recreación, mediante viajes de turismo social e igualitario en complejos vacacionales estatales, que este verano alcanzó a 573 personas.
Otro programa es Acompañantes en Red, que se trata de una persona física y/o jurídica que asume el acompañamiento solidario de quien se encuentra en situación de violencia y que lo hace en el marco de redes; el programa Masculinidades, que incluye la Línea Hablemos, de escucha y derivación para varones que ejercen violencia; y el trabajo en Espacios de Atención para varones que ejercieron violencia de género y la Mesa Intersectorial Provincial.
El pedido por declarar la emergencia de género
Más de 140 mil personas acompañaron el petitorio lanzado por la organización MuMaLá-Mujeres de la Matria Latinoamericana para que se declare la emergencia nacional en violencia de género.
Desde el primer Ni Una Menos hasta ahora se cometieron aproximadamente 2000 femicidios. La iniciativa fue lanzada hace 3 años en la plataforma Change.org (http://change.org/emergencianiunamenos), y hasta el jueves por la tarde 141000 personas habían firmado su adhesión para que se reasigne “un presupuesto acorde a la urgencia” y que se focalicen “los esfuerzos para combatir las violencias”. “¿Sabías que en Argentina matan a una persona cada 29 horas a causa de la violencia machista? ¿Y que a raíz de esta situación un alto porcentaje de niñes quedan huérfanxs, en total estado de vulnerabilidad?”, dice la petición.]]></content:encoded>
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                        <title>La intervención del Estado en la propagación del odio</title>
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                        <pubDate>Sat, 09 May 2026 04:24:13 +0000</pubDate>
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El atentado criminal ejecutado por Justo Fernando Barrientos sucedió tan sólo tres días después de que el autor de la biografía oficial de Javier Milei, Nicolás Márquez, afirmara abiertamente en una entrevista radial que la homosexualidad es una «enfermedad». Y que, hasta la llegada de Milei, el Estado promovía, incentivaba y financiaba la homosexualidad. Fueron tan brutales las declaraciones vertidas -sin que nadie le debatiera ni siquiera con un dato- que resulta imposible desvincularlo del terrible hecho en el hotel de Barracas donde se materializó, en el acto de quemar a dos parejas de mujeres lesbianas y provocar la muerte de dos de ellas, el homoodio de Márquez.
A lo largo de la historia, el patriarcado usó el fuego para castigar, disciplinar y purificar a aquellas mujeres que se salían de la «norma». No lo hubiese podido hacer sin antes haber puesto en funcionamiento un dispositivo aún vigente: sembrar odio a través de la estigmatización, crear noticias falsas e instalar esas noticias en la sociedad, valiéndose de interlocutores legitimados. Sea un medio de comunicación o sea el mismo poder político.
Pobres, mujeres, personas LGBT son hoy el foco de los ataques del oficialismo. También son lxs damnificadxs directxs de la crisis socioeconómica en un proyecto político donde no entran. Por eso mismo, deben ser exterminadas, pero antes, desacreditadas. Se trata de un retroceso enorme en una sociedad como la Argentina, en la que desde el regreso de la democracia se había avanzado exponencialmente en materia de protección de derechos, de igualdad y de inclusión.
“Hay que dejar de hacer una distinción entre lo virtual o lo que se escucha en los medios y la vida real. La incidencia es directa. No podemos decir que la causa del Holocausto haya sido la estigmatización del pueblo judío, pero sí que previamente al Holocausto hubo una estigmatización del pueblo judío. O sea que precede a las situaciones de violencia física y material siempre una situación de discurso”, analiza Sandra Chaher, directora de Comunicar Igualdad.
En ese sentido, la periodista y secretaria de Mujeres, Políticas de género e Igualdad de La Matanza, Liliana Hendel, analiza. “A partir del discurso de Macri en 2015, hablando del ‘curro de los derechos humanos’, se habilitaron estos discursos. Siempre la derecha fue odiante de las disidencias sexuales y de los feminismos”. Para Hendel, hay una responsabilidad en los medios. “Tenemos que revisar a quién invitamos y si invitamos a personas que expresan violencia, debatirles con argumentos”.
Durante 2023 se produjeron 133 crímenes de odio LGBT, 13 crímenes más que en 2022. La propagación del odio hacia la población LGBT+preocupa más aún por su legitimación política. En este contexto, preocupa qué trabajo se hace desde el poder políticos. «Es uno de los problemas porque el Estado que debe ser garante de los derechos humanos es el que está normalizando la violencia”, dice Chaher.
Organismos como el Inadi y la Defensoría del Público sufrieron la desacreditación oficial y la instalación de la fake news de que no existen más. Sin embargo, no están disueltos, aunque sí desmantelados. “Estos organismos cumplían un rol como Estado. En algunos casos, perfectibles; en otros, más efectivos, pero tenían un rol simbólico y es que al Estado le interesa intervenir. Hoy simbólicamente, el gobierno nos dice ‘no hay que gastar dinero en estos temas’. Y eso es gravísimo porque se avalan discursos de odio que tienen un efecto directo sobre una sociedad empobrecida y precarizada.” «]]></content:encoded>
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                        <title>Embarazo forzado en Tucumán: tiene 10 años y le practicaron una cesárea</title>
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                        <pubDate>Sat, 09 May 2026 04:23:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Vivi la emocion de las apuestas deportivas en Argentina con Dadosbet! Cuotas en vivo, bonos de bienvenida y pagos en pesos argentinos. Aposta en futbol, tenis, NBA y mucho mas. 
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Volvió a suceder en Tucumán: Un abuso sexual, un embarazo forzado y una cesárea a una nena de diez años víctima de una cadena de violencias y abandonos.
El embarazo fue advertido hace unas semanas por Isolina, una vecina que estaba a cargo de la crianza de la nena. Ella puso la denuncia en la comisaría de Lastenia, luego de confirmar que la niña además de haber sido abusada estaba embarazada.
El abusador, según la misma nena relató, es Carlos Alberto Merlos de 54 años pareja de Isolina. Al día siguiente de que se enteraran del embarazo, desapareció. La justicia dispuso la captura internacional para Merlos que desde hace una semana está prófugo.
Según Isolina, notó que la nena había engordado e hizo un test de embarazo, de ese modo se enteró. Sin embargo, Carmen la madre biológica de la nena afirmó al medio La Nota, de Tucumán, “todo el barrio sabía que la chiquita estaba embarazada, pero ella (Isolina) decía que era gordura. Cuando supuestamente se entera de que estaba embarazada, no me cuenta a mí. Para mi ella sabe hace meses”.
La nena dio a luz el fin de semana a un bebé que está en la sala de Neonatología de la Maternidad de Tucumán. De allí, irá en adopción. Sin bien, desde el estado afirman que se armó un equipo
una vecina quien se hizo cargo de la nena desde que nació, y quien puso la primera denuncia en la comisaría de Lastenia, en Tucumán. Luego, al enterarse de la situación, Carmen la mamá biológica de la nena también interpuso una denuncia en la misma comisaría.
Apenas se conoció esa denuncia se conformó un equipo multidisciplinario para la aplicación de los protocolos de interrupción legal del embarazo. Sin embargo, debido a que la gestación estaba avanzada se practicó una cesárea, tal como sucedió hace tres años con Lucía.
Por su parte, la madre biológica de la niña pide que la restituyan a su hogar. De acuerdo a lo que contó en el portal Los Primeros, Carmen no había podido cuidar a la nena apenas nació y luego Isolina se negó a “devolvérsela”. “Ella no estaba bajo mi cuidado porque cuando la tuve a ella tuve mellizos y uno quedó internado y tengo seis hijos aparte de ellos, no tenía quién me la cuide, ella se ocupó de cuidarla. En los primeros meses no quería que la vea así que fuimos a un juicio que yo gané. Pero tenía que construirle una habitación. Yo no tengo recursos para eso así que entonces se quedó a vivir con ella”.
La Justicia estaba estudiando qué medidas tomaba y cuál sería el futuro de la nena una vez que reciba el alta de, Instituto de Maternidad de San Miguel de Tucumán.
El embarazo forzado y la problemática del abuso sexual infantil
La violencia sexual contra niñas, niños y niñes es una de las grandes problemáticas que no tienen por parte del Estado un trabajo sostenido.
“Es un tema en el que venimos trabajando hace muchos años y nuestra mayor preocupación es que se visibilice. Los abusos siguen ocultos, negado”, afirma Adriana Guerrero, coordinadora nacional de Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem). “Cuando lanzamos de ‘embarazo infantil forzado es tortura’ fue poder visibilizar esta cuestión en la región, en América latina”.
“De los casos que seguimos y específicamente en Tucumán desde el caso Lucía, nosotras insistimos en que haya campaña de prevención del abuso sexual infantil porque no tenemos datos, no hay información que nos digan qué cantidad de niñes abusados hay, no tenemos información acerca de cuántas quedan embarazadas después de esto los únicos datos que el sistema nos da es de las que paren”, agrega Guerrero.
Para Guerrero, es urgente realizar campañas masivas, “hay que empezar a hablar de violación y de violadores, porque si no, estamos invisibilizando el tema o escondiéndolo”.
Desde el Estado, afirma la coordinadora de Cladem, es necesaria una decisión política que lleva a detectar los posibles casos de niñas, niños o niñes abusadas. “que una niña de diez años llegue un séptimo mes de embarazo sin que nadie lo advierta: comunidad, sistema de salud, vecinos, escuela. Nadie detectó que la niña estaba siendo violada, que ha quedado embarazada. En un cuerpo de diez años, ¿nadie se va a dar cuenta de tres, cuatro meses de embarazo?”, se pregunta Guerrero.
También aclaró que por más que se la denomine de ese modo, no se trató de una ILE, se trató de un alumbramiento. “Tendría que haber una política por parte del Estado de prestarle de verdad atención a estas situaciones. El embarazo infantil es la punta del iceberg de los millones de abusos, es lo que vemos de los millones de abusos que sufren las infancias en esta sociedad”.
Una de las herramientas que sirvió para hablar de los abusos sexuales es la Educación Sexual Infantil. Tucumán es una de las provincias que se niega a dictar los contenidos en las escuelas. “Sí, se ve la necesidad de la ESI pero en el más amplio de los sentidos y de la manera más social y comunitaria. Porque nosotras necesitamos que esa información que con muchísimo trabajo y en algunos lugares se implementa en el sistema educativo, también se aplique en otros espacios. Necesitamos comunidades informadas, personas que, aunque no estén dentro del sistema escolar puedan tener información para ver, resguardar, denunciar. Es probable que muchas personas que están alrededor de esta niña no hayan visto la situación. Si lo ha podido denunciar por qué no lo ha denunciado por qué sigue tomando el abuso como algo privado o vergonzante”.
Por su parte, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito &#8211; Regional Tucumán pidieron que no se exponga a privacidad de la nena.
“Con este nuevo caso de abuso sexual y embarazo infantil, se pone de manifiesto una vez más la urgencia de implementar Educación Sexual Integral en todas las escuelas del territorio provincial. La ESI tiene un rol esencial en la detección de los casos de abuso sexual en las infancias y adolescencias”, destaca el comunicado.
“No podemos dejar de mencionar el rol del Estado en estos casos: es el Estado el responsable de asignar presupuestos a los organismos competentes y de diseñar políticas públicas que tiendan a la prevención del abuso sexual infantil y del embarazo infantil forzado, como así también de la protección de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo cuando se trata de quienes dependen exclusivamente de la salud pública para ver garantizados sus derechos humanos fundamentales.
Continúa la búsqueda del violador
La Justicia dispuso la captura nacional e internacional de un hombre de 54 años acusado de abusar sexualmente y embarazar a una niña de 10 años que se encontraba bajo el cuidado de su expareja en Tucumán. Según consta en la investigación, la mujer hacía cinco meses que no veía al agresor, que era vecino de la zona pero que no había convivido en la misma casa con la niña.A partir de la denuncia de la mujer, el pasado 3 de enero el juez Gonzalo Ortega ordenó un allanamiento en la casa del acusado, ubicada en la ciudad de Lastenia, pero él no estaba allí.“No sé dónde está“, dijo la madre del acusado a la policía, y precisó que su hijo se había escapado en una motocicleta Zanella 110, de color azul.El fiscal Carlos Sale, que está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual durante la feria, solicitó una orden de captura nacional e internacional con el objetivo de hallar al acusado, cuya identidad no fue informada para proteger a la víctima.]]></content:encoded>
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                        <title>Licencias para cuidados: un derecho por conquistar</title>
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                        <pubDate>Sat, 09 May 2026 04:21:54 +0000</pubDate>
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En la apertura de las sesiones legislativas, el presidente Alberto Fernández anunció el envío de un proyecto de ley para lograr un régimen de licencias parentales igualitarias. El proyecto propondría la ampliación de días por maternidad, paternidad y adopción e incluiría por primera vez a trabajadores monotributistas y autónomos.
Si bien hay personas que son más dependientes del cuidado que otras, como las primeras infancias, algunos adultos mayores y algunas personas con discapacidad, todxs necesitamos cuidados a lo largo de nuestras vidas. Esta interdependencia que tenemos como seres sociales nos unifica en necesidades, pero no logra unificarnos en la realización de estos cuidados. Las licencias pueden contribuir a garantizar el tiempo y la calidad necesarios para los cuidados. Avanzar en la extensión de las licencias parentales para padres, adoptantes y trabajadores por fuera de la relación de dependencia es un paso necesario en la construcción de una sociedad más igualitaria y en la garantía del derecho humano al cuidado.
¿Por casa cómo andamos?
Las licencias cuentan con diferentes regímenes de acuerdo a tres grandes grupos: sector público a nivel nacional, sector público a nivel provincial y sector privado. En todos los casos, las licencias son afrontadas por ANSES, lo que implica que el Estado absorbe los gastos para subsidiar a las empresas y que éstas no lo consideren un costo en la contratación.
Para el sector privado rige la Ley de Contrato de Trabajo que plantea una base de derechos mínimos para les trabajadores, pero cada actividad económica puede tener su propio convenio que amplíe esos derechos. En cuanto a las licencias, establece 90 días por maternidad y 2 días por paternidad, que no es excluyente para varones, sino que aplica para la persona que acompaña a quien gesta.
Para les trabajadores en relación de dependencia del sector público nacional, el Convenio Colectivo dispone una licencia de 100 días para la madre y de 15 días hábiles para el padre o la persona no gestante que ejerce la corresponsabilidad parental. De esta manera, las licencias son distintas por rubro, por provincia y si se trata de trabajadores estatales o privados. Para los casos de adopción, Argentina no cuenta con una legislación a nivel nacional para el sector privado, y en el sector público también difiere entre Nación (100 días) y las distintas jurisdicciones.
En muchos casos, las licencias se pueden extender entre 3 y 6 meses sin goce de sueldo (excedencia) y la reincorporación permite una reducción horaria por lactancia. Pero muchas veces los contratos estatales cuentan con sumas extras (no remunerativas) que se dejan de cobrar al estar de licencia o en el régimen de reducción de horas por lactancia. Lo mismo sucede en el sector privado cuando hay extras no registrados. Estas disminuciones en los ingresos impactan directamente en los bolsillos de las personas que se responsabilizan de los cuidados de sus hijes, que en su mayoría son las madres.
A su vez, este universo de licencias está pensado exclusivamente para el cuidado de la primera infancia y no como licencias para cuidar. En este sentido, en el sector público se establecen 20 días anuales para atención al grupo familiar, que refiere a familiares transitando una enfermedad y no se limita a hijes. Sin embargo, este tipo de licencia no está contemplada a nivel general en el sector privado.
¿Quiénes pueden cuidar?
Todes tenemos derecho al autocuidado, a cuidar y ser cuidades. Sin embargo, contar con el tiempo necesario para esto no está garantizado. Las licencias para cuidados buscan justamente garantizar los derechos de las personas que cuidan y de las personas cuidadas, esto es, poder darle el tiempo y la calidad que se necesitan para que esos cuidados tengan lugar. Avanzar en la extensión de las licencias parentales es uno de los pasos para resolver colectivamente las necesidades de cuidado. Cuando no se los piensa como una problemática de toda la sociedad, cada familia es responsable de administrarlos en el ámbito privado del hogar y, como vemos en los números oficiales, esto deja a las mujeres a cargo de estos cuidados no remunerados.
El esquema familiar que estructura las licencias parentales de Argentina contribuye a reproducir la familia tradicional, así como los roles estereotipados de género que norman el “que hacer” de mujeres y varones. Las familias homoparentales deben adaptarse al esquema heteronormado. Solo une de les xadres puede tener la licencia “extendida” de persona gestante. Para otros tipos de familia, como las monoparentales o con más de dos adultes a cargo, directamente no hay cobertura. Hoy el esquema de familia tradicional —papá, mamá, hijes—, representa a menos del 35% de las familias del país.
No existe hoy un régimen que contemple los cuidados por parte de personas que no son familia directa ya que, como vimos, los esquemas de licencias actuales están especialmente centradas en el cuidado de les hijes. Esto deja por fuera la complejidad de situaciones de cuidados y dificulta el derecho al cuidado de adultes mayores o personas con discapacidad. Visibilizar la diversidad de familias y lazos que conviven en nuestra sociedad contribuye a reconocer la importancia de un sistema de licencias más integral, y el derecho al cuidado a la ciudadanía en toda su diversidad.
Tiempo para cuidar
Como sabemos, las desigualdades no se agotan en el marco de la ley. Según datos oficiales, el universo de trabajadores informales asciende a 2,9 millones de personas, es decir, un tercio de las personas asalariadas. Esta proporción aumenta especialmente para las mujeres, entre quienes alcanza el 36%. La sobrecarga en la responsabilidad de los cuidados hace que muchas mujeres sólo puedan optar por trabajos de menos horas, que en general son informales, para poder hacerse cargo de estas tareas. Además, tanto en el sector privado como en el público, muches trabajadores están empleades como autónomos/monotributistas, aunque en la práctica ejerzan las mismas funciones que les empleades en relación de dependencia, pero sin acceso a derechos como aguinaldo, vacaciones pagas, aportes patronales, y por supuesto tampoco las licencias. La propuesta presentada este martes abarca la situación de trabajadores autónomos y monotributistas, pero aún queda pendiente la forma de garantizar el derecho para el universo de trabajadores informales.
Licencias para cuidar, y mucho más
La desigualdad de género en los cuidados no afecta a todas las mujeres por igual. Cuando el Estado no se hace cargo, la responsabilidad se privatiza y recae en las familias. Algunas familias pueden resolver las necesidades de cuidados a través de los mercados, con bienes y servicios que facilitan su gestión, y también contratando a otras mujeres cuidadoras, generalmente en condiciones de precariedad o informalidad. Las familias que no pueden “tercerizar” las tareas de cuidado, terminan sobrecargando a las mujeres de forma no remunerada.
La pandemia demostró la importancia de las tareas que realizan cotidianamente las mujeres para garantizar las necesidades de cuidado de la población. No es coincidencia que en todo el mundo existió un retroceso histórico en la actividad de las mujeres en el mercado laboral, en particular en lo que concierne a quienes trabajan informalmente. La informalidad y precariedad afectan más a las mujeres que, ante la demanda de cuidados, son las primeras en tener que renunciar a su empleo y así también a sus derechos.
Es urgente integrar el cuidado en todas las etapas de la vida, involucrando la responsabilidad del Estado, el mercado, las familias y las comunidades en su gestión y provisión, para que haya una Organización Social del Cuidado que sea más justa y equitativa. En el marco de la apertura de las sesiones legislativas, y movilizadas por la historia de lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras, exigimos la sanción e implementación del proyecto de Ley de Sistema Integral de Cuidados. En tiempos en que los mercados de empleo se encuentran deprimidos, es fundamental vincular la seguridad social a la ciudadanía y que así el acceso a los derechos no dependa del nivel de ingresos de cada individuo o de su situación laboral.
La nota es parte de la alianza entre Tiempo y Ecofeminita, una organización aliada que trabaja para visibilizar la desigualdad de género a través de la elaboración de contenidos claros y de calidad]]></content:encoded>
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                        <title>Casa Pringles: “En el lugar se respiraba un aire afectivo, político y nuevo, es lo que el gobierno de la Ciudad no tolera”</title>
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                        <pubDate>Sat, 09 May 2026 04:20:47 +0000</pubDate>
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Apenas amanecía el sábado y las calles del barrio de Almagro que rodean a la Casa Pringles ATR ya estaban colmadas de policías que tenían como objetivo desalojar el lugar donde vivían nueve mujeres con sus hijes, y funcionaba un proyecto cultural comunitario.
El operativo, desmedido como todos los que realiza últimamente el Gobierno de la Ciudad, tuvo como saldo 6 detenidos que fueron liberados esa misma noche y que llegaron al lugar para acompañar a las mujeres que sostienen el espacio hace casi dos años. Todo inexplicable. Sobre todo, porque el desalojo se provocó en medio de las negociaciones que estaban llevando las mujeres del lugar con Matías Vitale, encargado del área de Bienes de la Ciudad.
Como imagen final de esa jornada triste e inolvidable, durante la cual las mujeres resistieron ocho horas el desalojo, las integrantes del colectivo Yo No Fui, quienes vienen acompañando a las mujeres recuerdan ver a la titular del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad María Migliore tomándose una selfie a puertas del lugar, como muestra de una victoria de la política excluyente y autoritaria que vienen llevando desde hace años.
“Una misma actitud tuvo, a través del teléfono, la titular de la Dirección de la Mujer de Ciudad, Carolina Barone. Ella confirmó que quieren convertir el lugar en un hogar para mujeres, o sea, algo que ya existe”, cuenta al otro lado del teléfono, Alejandra Rodríguez, integrante del colectivo Yo No Fui.
Hoy esperan, se concrete la reunión citada para el miércoles y que fue postergada para este jueves. En ella piensan pedir que se reubique a las mujeres y niñes desalojades de la casa de calle Pringles 340 en lugares aptos para vivir.
“Durante la madrugada nos llamó una compañera aterrada porque en su habitación había ratas de las grandes”, cuenta Alejandra. Además de separarlas, el Gobierno de la Ciudad repartió a las mujeres y sus hijes en lugares que no están acondicionados para vivir, menos con niñes.
“En la reunión queremos escuchar qué tiene pare decir el gobierno y de ahí vamos a evaluar qué hacer. Nuestro objetivo es luchar hasta último momento y con toda nuestra fuerza para que compañeras tenga su lugar para vivir y no estén en los hoteles mugrosos que las mandaron. Están sin agua caliente, con ratas, con habitaciones de un metro por un metro. Las chicas no están dispuestas a estar ahí, agrega Rodríguez.
Casa Pringles es un proyecto de vida colectivo y autogestivo. Es eso lo que lo que desarmó el Gobierno de la Ciudad con el desalojo y el intento de separar a las mujeres. “Es un proyecto de transformación, de ensayar otra forma de vivir, un proyecto de reparación de una vida de violencia, de desamparo. Y todo eso es lo que lo que se construyó en este año y medio. Ése es el capital de las chicas, de las mujeres, de les compañeres y eso lo vamos a cuidar”, afirma.
La orden de desalojo que comenzó con un despliegue policial a las 7 de la mañana del sábado fue emitida por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 19 a cargo de Lorena San Marco, luego de una denuncia de la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El operativo fue una sorpresa ya que durante las últimas semanas estaban tratando de llegar a un acuerdo con Vitale, de esa misma área.
La casa pertenecía al artista argentino Eduardo Sívori quien murió en 1918 y dejó el lugar para que sea usado con fines sociales y culturales. Es lo que habían construido las mujeres durante este tiempo, luego de que el gobierno no lograra rematarla.
El argumento del gobierno de la Ciudad, que fue confirmado por la funcionaria Barone es que quieren armar un lugar institucional para cobijar mujeres y niñeces. “Es realmente un argumento inverosímilporque en principio la casa estuvo 30 años en desuso, estaba destruida por dentro y abandonada”, resalta Alejandra Rodríguez. “De hecho encontramos un montón de obras de arte que estaban ahí, todas mojadas al olvido del gobierno. Intentaron rematarla en distintas oportunidades, pero nunca lo lograron”.
De acuerdo a lo que les confirmó Carolina Barone ese mismo día, quieren hacer la extensión del Hogar Eva Perón. “Nos parece increíble porque las chicas le dijeron que ese hogar ya está funcionando, que es la casa que se está armando, la propuesta está viva. Pero ellos no querían eso, quieren hacer un hogar institucionalizado, es decir, institucionalizar algo en vez de fortalecer una experiencia que ya existe. Es increíble, es la política más antipolítica que escuché” agrega. “Tenés un grupo de mujeres autogestivas que se organizaron con sus hijes, que traen un proyecto súper interesante para la comunidad y para el barrio, pero no quieren eso”.
Alejandra Rodríguez cuenta que eran muchísimas las propuestas que se elaboraron para la casa.
“Ese mismo viernes estuvimos trabajando hasta tarde con un montón de propuestas, desde un nodo de verdura agroecológica hasta talleres para los chicos, talleres de cocina para ellas, para mejorar la alimentación. Había un montón de cosas pasando de forma positiva en la casa. Las pibas no estaban solas, nosotras como organización Yo No Fui estábamos siendo unos actores más en la construcción de esa vida comunitaria. Se respiraba un aire muy hermoso en la casa, muy afectivo, político, de lazos. De efectivamente sentir que se está construyendo algo nuevo, algo lindo. Eso es lo que el Gobierno de la Ciudad no tolera, no toleró y no va a tolerar. Sobre eso fue esta acción represiva tan desmedida”, enfatiza.
El lunes el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación confirmó que se suman en el acompañamiento y el pedido para una solución habitacional de las mujeres de Casa Pringles. Sin embargo, el proyecto nació y se desarrolló siempre en forma autogestionada.
“Este proyecto es autogestivo. Se armó desde las chicas con lo poco que tenían y con el apoyo de organizaciones y personas que se acercaron a acompañar, quienes creemos en la potencialidad que tiene una experiencia de estas características, en una Ciudad donde la forma de vida es justamente todo lo contrario: vivir para uno mismo, el individualismo. Ellas venían a proponer algo totalmente revolucionario”.
Los lugares donde se llevaron a las personas que estaban en Casa Pringles son, para Alejandra una muestra de lo que busca el gobierno de la Ciudad.
“Son esos lugares donde quiere condenar el gobierno de la Ciudad, a la gente que no tiene recursos. Ésta es una Ciudad cada vez para menos gente, busca excluir corporalidades y vidas. Como la de estas pibas que vienen de situaciones de violencia, de sufrir otros desalojos, que vienen de vivir en habitaciones en las villas de las cuales se tuvieron que ir porque no podían pagarlas o porque vienen huyendo de un hombre que las golpean. Todo eso atraviesa la biografía de las pibas. Que ellas hayan podido reconstruir esto fue realmente muy reparador”, destaca.
“¿Cuánto le costó al gobierno de la Ciudad este operativo del sábado? Eran 9 pibas con sus hijes. ¿Tanto despliegue? ¿Cuál era el sentido de meter 300 policías para mover nueve mujeres? No se explica si no es por el efecto espectacular del hecho y hacer de eso migajas para su campaña política”, agrega.
En ese sentido, Casa Pringles ATR tuvo un buen recibimiento en el barrio. Al lugar asistían alrededor de 30 niñes para recibir apoyo escolar y participar de actividades que se proponían. “Era un espacio cultural y una muestra de arte. Las actividades culturales estaban abiertas a toda la comunidad”.
El día del desalojo los vecinos del lugar se acercaban a preguntar sin necesitaban algo, cargaban los celulares y acompañaron a las mujeres mientras resistían el desalojo.
“Nosotras estábamos trabajando de acuerdo a lo que se había acordado en esa mesa de conversación con Matías Vitale. Cómo es posible imaginar que el desalojo va a venir en el medio de una mesa de conversación y una negociación abierta. Es increíble, se llevaron todo puesto, no les importó nada”, manifestó, por último, Alejandra.
La reunión con las autoridades del Gobierno de la Ciudad está prevista para este jueves a las 12.30.]]></content:encoded>
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                        <title>8M: en un año la motosierra agrandó desigualdades y aceleró la violencia contra mujeres y diversidades</title>
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                        <pubDate>Sat, 09 May 2026 04:19:38 +0000</pubDate>
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El 8M llega este sábado con consignas contra el hambre, el saqueo y la desigualdad. Es, para mujeres trabajadoras y diversidades una situación crítica tras las políticas de ajuste y “motosierra” del gobierno de Javier Milei junto con el PRO y sectores del radicalismo. La institucionalidad de las políticas de género había logrado en la Argentina avances que incluso no habían tenido lugar en el mundo. En un año y tras la destrucción del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación cada una de las políticas destinadas a achicar la desigualdad de género fueron desmanteladas y desprestigiadas, con resultados que preocupan no sólo por el presente sino también a futuro.
De acuerdo al análisis del Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) las mujeres trabajadoras argentinas tienen menos acceso al empleo, son más precarizadas que los hombres y tienen una brecha salarial que alcanzó el 27,7%
El informe de CEPA evidencia en forma clara la existencia de la desigualdad económica, negada insistentemente por el gobierno argentino. Entre las consecuencias que deja entre mujeres y diversidades la llegada de La Libertad Avanza al gobierno, está que se perdieron 15.748 puestos de trabajadoras de casas particulares entre noviembre 2023 y noviembre 2024. “Este sector está sumamente feminizado: el 95,2% de quienes realizan este trabajo son mujeres, y sus ingresos han perdido a enero de 2025, 21,8% de su poder adquisitivo respecto a noviembre de 2023 (valor hora vs inflación)”, expresa el documento de CEPA.
Otro sector feminizado es el docente y allí el 77% del personal de nivel inicial, primario y secundario son mujeres, y sufrieron un recorte de salarios en términos nominales con la eliminación del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), que representaba en promedio el 12% del sueldo.
Por su parte, las jubilaciones mínimas, que cobran mayormente las mujeres -que en un 79,4% accedieron vía moratoria y por ende cobran el haber mínimo- sufrieron una pérdida del poder adquisitivo de 13,3% en el primer trimestre de 2025 respecto al último trimestre del gobierno anterior. Es el resultado de la aplicación del DNU 274/2024 y el congelamiento del bono de $70.000 desde marzo de 2024. Debiera ser del doble ($145.303) si se lo hubiera ajustado con el mismo criterio del haber.
A las jubiladas y pensionadas, a su vez, les quitaron la devolución del IVA, que representaba un ingreso extra de $18.800 por mes. También fueron perjudicadas por los recortes en PAMI.
El informe destaca, “en marzo de 2025, el gobierno no va a prorrogar la moratoria previsional. Como consecuencia, 9 de cada 10 mujeres en edad cercana a jubilarse no podrán hacerlo. Deberán conformarse con una PUAM: 80% del haber mínimo, podrán acceder 5 años después (a los 65 en vez de a los 60) y no es pensionable”.
También expone que el 63% de quienes cobran el ex programa Potenciar Trabajo son mujeres. El poder adquisitivo del mismo cayó 64,6% entre noviembre de 2023 y marzo de 2025. Para recuperar el nivel de noviembre 2023, el monto debiera ser hoy de $220.193,8.
Basado en los diferentes informes realizados durante 2024, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) analizó la alarmante situación de desigualdad de nuestro país. Entre los datos más preocupantes es que en Argentina 6 de cada 10 son mujeres es pobre. También que son quienes encabezan hogares monomarentales que están en condiciones más vulnerables y con menos ingresos.
En esos hogares, el 43,3% de las asalariadas jefas de hogar no están registradas por lo tanto mantienen sus empleos en forma informal. A su vez, casi 7 de cada 10 hogares monomarentales están por debajo de la línea de pobreza y 3 de cada 10 bajo la línea de indigencia.
“La idea de estos informes es visibilizar la desigualdad estructural en la que todavía vivimos las mujeres y las diversidades en Argentina. Hoy escuchando discursos oficiales por parte del gobierno y de muchos políticos o formadores de opinión que niegan la idea de que exista tal desigualdad. Y que niegan también que exista la violencia”, expresa Agustina Rossi responsable del área política de ELA.
“No es casual que 6 de cada 10 personas pobres en Argentina sean mujeres. Históricamente las mujeres y diversidades han estado sobrerrepresentadas en los hogares más pobres. Aún hoy persisten obstáculos para que las mujeres y las travestis y trans, y las personas de la diversidad tenemos todavía muchos obstáculos para acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones para acceder también a trabajos que están bien remunerados, que cuentan con condiciones laborales óptimas que se pueda acceder a una jubilación, que esté en blanco, que podamos tener licenciadas”, agrega Rossi.
Entre los datos que se destacan es que 9 de cada 10 mujeres no se podría jubilar si no fuera por la moratoria jubilatoria que termina el 23 de marzo. “Esto deja en una nueva situación de vulnerabilidad a las mujeres mayores de 60 años que no pudieron hacer los años de aporte porque se tuvieron que dedicar a tareas de cuidado. Pero también vemos ahí una desigualdad, que las mujeres dedican el doble del tiempo a estas tareas de cuidado. Que son esenciales para la reproducción de la vida”, agrega Rossi.
En ese sentido, Rossi también analiza que resulta fundamental la existencia de políticas públicas que puedan atender esas desigualdades y para no agrandar las brechas. Afirma que tras el desmantelamiento en marcha por la motosierra de Mieli, hubo un agravamiento en las condiciones de la violencia y un mayor empobrecimiento en las mujeres y de su familia en materia de atención y abordaje de las violencias de género.
“Hoy por hoy una mujer que necesita ayuda tiene menos posibilidades de salir del círculo de la violencia. Queda atrapada en ese vínculo violento, en este hogar donde su vida peligra, donde la vida de sus hijos peligra porque ya no existen dispositivos que le puedan brindar ni atención psicológica ni asesoramiento ni patrocinio jurídico ni le puedan acercar un apoyo económico para que pueda buscarse una vivienda segura, para que se pueda movilizar hacia otra ciudad si es necesario”, detalla Agustina Rossi. “Entonces, es preocupante pensar que quienes necesiten ayuda ya no van a tener a donde ir. Y esto no sólo por el desmantelamiento de las políticas, sino que también cuando estamos escuchando en todos los medios de comunicación principales de la boca de los políticos que gobiernan hoy el país que la violencia no existe.”
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a organizaciones sociales elaboraron el cuatro informe de La cocina de los cuidados, sobre el impacto del abandono estatal en las políticas de género.
El monitoreo de las políticas de cuidado muestra que el ajuste continúa: de 50 políticas relevadas, sólo quedan vigentes 5. El 90% fue recortado, desmantelado, derogado o está en riesgo.
Las trabajadoras del cuidado son quienes más perdieron. La caída del salario real de las trabajadoras de casas particulares fue del 22%, el de las comunitarias del 54%, el de docentes del 29%. También destaca que la brecha de ingresos de ocupación principal entre varones y mujeres es la más alta de los últimos 6 años: pasó del 21 al 26,3% en un año.
Por otro lado, plantea que 1 millón de niños y niñas quedaron sin asignación familiar por recortes en los topes de ingresos y por despidos. Y que las personas mayores están a las puertas de una exclusión masiva. Sólo el 23% de las mujeres que hoy tienen 60 años cuenta con más de 25 años de aporte para jubilarse.
Y destaca, por último, que las políticas alimentarias presentan deudas de pagos por el 40% de lo presupuestado.]]></content:encoded>
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